Por mayoría, el Concejo decidió conformar una comisión para determinar la responsabilidad política del Ejecutivo anterior respecto a la relación con un proveedor.

Uno de los puntos centrales de la sesión del último jueves giró en torno a la conformación de una comisión investigadora que tendrá por finalidad «investigar, analizar y determinar la responsabilidad política y administrativa que podría caberles a los funcionarios públicos municipales y/o integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal en ejercicio durante el periodo 2007-2011, en referencia a las eventuales irregularidades administrativas y/o conductas eventualmente pasibles de sanciones penales en las que pudieran haber incurrido durante la gestión con respecto al proveedor del municipio Aldo Cesar Orozco«.

El proyecto fue presentado en forma conjunta por los tres bloques del Partido Justicialista y no contó con el acompañamiento de los ediles del Frente Progresista. En este sentido, los concejales que se opusieron con su voto manifestaron no estar de acuerdo por considerar que la iniciativa estaba «fuera de tiempo». Además, destacaron la predisposición de parte de los integrantes del Ejecutivo y del contador general quienes fueron al recinto en varias oportunidades para hablar del tema.

Entre los fundamentos, los concejales indicaron: “luego de analizar el expediente y la documental contenida en el mismo se pueden observar algunas falencias respecto a la facturación emitida por el Sr. Aldo Cesar Orozco ala Municipalidad de Firmat y también en cuanto a la habilitación del mismo en cuanto al registro de proveedores dela Municipalidad de Firmat conforme a la legislación en vigencia”.

“Que la persona del proveedor no es cualquier persona, sino un individuo con antecedentes penales y presuntamente ligados al narcotráfico de la ciudad” agregaron y manifestaron “como funcionarios públicos en ejercicio de nuestras funciones tenemos la obligación en caso de conocer hechos irregulares con apariencia de delitos abrir una investigación al respecto. Tal así lo dispone la norma dela L.O.M en el artículo 39 inc.69, entre los deberes y atribuciones de los Concejos Municipales y en lo relativo a la administración que le corresponde” nombrar de su seno comisiones investigadoras para que informen sobre la marcha de la administración municipal o sobre irregularidades que cometiere el personal”.