La agenda legislativa del diputado del Partido Demócrata Progresista, Dr. Gabriel Real, incluyó un abanico de temas. Dentro de los ejes centrales se ubican el reclamo para que la Nación pague la deuda que tiene con la Provincia de Santa Fe y, por otro lado, el pedido de celeridad en los procesos de reajustes jubilatorios.

Dos temas diferentes, pero que tienen que ver con la calidad de vida de los santafesinos.

Historia con el federalismo

El PDP tiene una historia ligada con la defensa del federalismo. Por esta razón, el reclamo para que la Nación le pague a Santa Fe lo que le debe es un punto fundamental que asumió Real, desde su banca. Se trata del pago de la deuda por el 15% de la masa de impuestos coparticipables que el Gobierno Nacional le quitaba a las provincias para financiar a ANSES. La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en favor de Santa Fe. Es una suma estimada en 50.000 millones de pesos.

En noviembre de 2015, una sentencia de la Corte Suprema ordenó el reintegro a Santa Fe, por considerar inconstitucional la detracción del 15%. Le corresponde al Gobierno Provincial determinar el destino de esos fondos adeudados. “Insisto con este reclamo porque es vital para Santa Fe. Esos fondos deben ser para afrontar un Plan Integral de Saneamiento y Prevención en materia de Obras Hídricas y además para crear un Fondo de Desarrollo y Modernización del Transporte Interurbano de Pasajeros, ese dinero es obra pública, es crecimiento y desarrollo para nuestra Provincia”, dijo Real.

Bienestar para los jubilados

En septiembre de este año, se aprobó un proyecto de Comunicación del Diputado Real, para que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado; le solicite a ANSES, que no apele sentencias de primera instancia; en los casos en que exista jurisprudencia en instancias superiores que las ratifiquen.

Este paso se traduce en una demora injustificada en perjuicio del jubilado o pensionado que está haciendo el reclamo. Con respecto a las sentencias de segunda instancia, se sugiere que se abstengan de interponer recurso extraordinario cuando existan los mismos parámetros que en los casos de primera instancia y se liquiden las mismas en favor de los beneficiarios; teniendo en cuenta  la edad del jubilado y la antigüedad del expediente.
La Ley de Reparación Histórica de Jubilados, se sancionó hace poco más de un año. Menos del 40% de los 2.400.000 beneficiarios, estimados a alcanzar en julio de 2018, ha comenzado a cobrar y el porcentaje de los aumentos quedó muy por debajo de lo calculado (de $8.332 a $10.407 en sueldos liquidados en enero), incrementándose la cantidad de juicios por reajuste.

El Gobierno Nacional decidió comenzar a apelar las sentencias jubilatorias para que lleguen a la Corte Suprema de la Nación, demorando de esta manera el cobro de los jubilados. Estas apelaciones masivas llevan varios años de trámite y coaccionan a los jubilados a aceptar las propuestas de Reparación Histórica. Por estas razones, el Legislador Demoprogresista solicitó celeridad en los procesos de reajustes jubilatorios.