«Los concejales abajo firmantes manifiestan su profunda preocupación ante las determinaciones tomadas en los últimos meses de parte del Gobierno Nacional en lo referido a las diversas esferas de prestación de servicios a los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Estas determinaciones, a nuestro criterio de carácter regresivo, ponen en riesgo actual y visible, como también hacen prever un horizonte oscuro, adonde nuevamente en nuestro país, vuelvan a ser, los sectores más desprotegidos y vulnerables, la variable de ajuste.
Una lógica perversa, de progresivo deterioro en la calidad de la prestación de los servicios a través del congelamiento y atraso en los pagos genera nuevas condiciones de contratación en lo que los privados que pretenden prestar un buen servicio no pueden continuar. La consecuencia lógica, nuevos privados o los mismos, que a cambio de acordar estas nuevas condiciones de contratación prestan servicios cada día más precarios. Lógica utilizada por el gobierno nacional para volver a enfrentar en todo el territorio nacional a la gente con los prestadores, justamente los dos sectores perjudicados. Los primeros y más importantes, lógicamente, con un claro deterioro y pérdida de derechos; y los segundos, no solo empresarios, sino trabajadores médicos, enfermeros, radiólogos, choferes, personal de mantenimiento, que ven peligrar sus fuentes de trabajo.
Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar el derecho a la salud de nuestros jubilados. En nuestra región son más de 8.000 los potenciales afectados. El colapso de los efectores de salud pública y el deterioro de las prestaciones médicas en general se torna inevitable de no cambiar en forma urgente el rumbo. Instamos enérgicamente a que se tomen medidas en beneficio y protección de nuestros adultos mayores».
