El defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, en la audiencia pública convocada para tratar el precio del gas en boca de pozo en septiembre de 2016, instó a que se considere la situación particular de los usuarios del servicio público de gas natural por red de la provincia santafesina, quienes deberían pagar cinco aumentos a la vez según a la grilla fijada de incrementos.

En el mismo sentido en la audiencia celebrada con el mismo objetivo en la ciudad de Santa Fe se insistió en que las Defensorías puedan actuar como auditores externos en materia de determinación tarifaria, evaluando las propuestas y documentaciones presentadas por las empresas y poder expedirse fundadamente respecto a cuál sería una tarifa justa y razonable.

Lamberto también hizo referencia a la demanda presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) donde denunciaron que “en base a información pública que la empresa YPF brindó a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC) el costo del gas en boca de pozo asciende a 2,09 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica), mientras que el usuario paga 6,80 dólares”, y ahondando sobre la denuncia de referencia expresó que “hay dolarización del precio en boca de pozo y no se cuenta con la información y la verificación externa para la determinación del precio y su impacto en las tarifas.

El defensor del pueblo también enfatizó en la necesidad de que los aumentos sean “accesibles, razonables y proporcionados”, y alertó: “Lamentablemente las consecuencias de lo alertado las podemos observar en la actualidad con facturas exorbitantes que escapan a toda luces a las exigencias de proporcionalidad, racionabilidad y gradualidad requeridas  por la Suprema Corte de Justicia y con valores del gas en boca de pozo que se encuentran judicialmente controvertidos en la actualidad, situación que se podría evitar dotando a las Defensorías con recursos técnicos e información necesaria para evaluar los costos presentados por las empresas”.

Los incrementos

El primer aumento fue decretado en el 2014 pero por una medida cautelar presentada se suspendió. En junio de 2015 un fallo de la justicia aprueba la aplicación de dicho aumento que se suma a un nuevo incremento aplicado también en el 2015. El tercer aumento es el monto que se incluye en las boletas como retroactivo de lo que no se cobró mientras estuvo vigente la medida cautelar. Un cuarto aumentó se determinó en 2016 y generó diversas presentaciones que culminaron con el fallo de la corte de agosto de ese mismo años que declaró su nulidad. En virtud de ese fallo se llamó a Audiencia Pública y finalmente se aplicó el aumento en el mes de octubre. El quinto y último aumento, hasta el momento, se aplicó en abril de este año.