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“Hay motivo suficiente”

Por el caso Quevedo, mañana los ediles se reúnen con el abogado constitucionalista, Iván José María Cullen quien adelantó que existen motivos para la suspensión.

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En el marco de las reuniones de comisión en las que se está abordando el pedido de licencia sin goce de sueldo para el concejal Quevedo (Todos por Firmat), mañana jueves, los ediles viajarán a la ciudad de Rosario para reunirse con el constitucionalista Iván José María Cullen.

En una entrevista concedida al periodista Nicolás Menna Lambertucci y publicada semanas atrás en “El Correo de Firmat”, el letrado manifestó que la confirmación de procesamiento “constituye motivo suficiente para disponer la suspensión”.

En ese sentido, el especialista expresó: “corresponde aclarar -liminarmente- que la facultad del Concejo de corregir a sus miembros por desórdenes de conducta, no habilita a otorgar una licencia forzada, pero sí a disponer (siempre con la mayoría agravada que marca la ley), la suspensión del concejal sin goce de sueldo, hasta tanto exista sentencia firme en el proceso penal antes referido”.

El problema hasta aquí es meramente de encuadramiento adecuado del caso a la normativa aplicable” opinó y agregó: “las licencias siempre se otorgan ante un pedido del interesado. Cuando hablamos de «correcciones», estamos en el ámbito de las facultades disciplinarias del Concejo, que éste ejerce respecto de sus miembros. La suspensión sin goce de sueldo es una sanción de este carácter que requiere para su imposición por mayoría agravada, adecuada fundamentación y respeto del derecho de defensa que pueda ejercer el edil”.

Cullen consideró que “es razonable que el Concejo pueda suspender a un edil cuando éste se encuentra con un auto de procesamiento firme, por delito contra la administración pública, aunque no se trate de conductas reprochables en el ejercicio de su función de concejal. Ello así, porque -fundamentalmente luego de la reforma de la Constitución Nacional de 1994- al incorporarse en el capítulo de nuevos derechos y garantías el Deber Público de no atentar contra el régimen democrático cometiendo delitos dolosos que «conlleve enriquecimiento» (artículo 36 último párrafo C.N), equipara los delitos de enriquecimiento ilícito que puedan cometer funcionarios públicos nada menos que con los actos de fuerza que interrumpan el imperio de la Constitución Nacional y sistema democrático”.

El auto de procesamiento confirmado por la Cámara, constituye motivo suficiente para disponer la suspensión del edil” aclaró y acotó: “la ley 25.188 de 1999 incluye en los deberes de comportamiento ético a cualquier funcionario público sin distinción de jerarquías ni jurisdicciones (artículo 1°). Los deberes éticos están detallados en los artículos 2º y 3º en enunciación no taxativa cuya interpretación debe hacerse con la amplitud necesaria para preservar la imagen pública que debe siempre exigirse a cualquier representante del pueblo en ejercicio de funciones públicas”.

 

El pedido del Frente Progresista

El proyecto de resolución presentado por el bloque del Frente Progresista ingresó al Concejo en la última sesión ordinaria de 2012.

Concretamente, el pedido realizado por los concejales Stenta y Grivarello plantea solicitar licencia sin goce de sueldo al edil Raúl Quevedo (Todos por Firmat) hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la causa que tramita el Juzgado en lo Penal de Instrucción de Melincué.

Tras la presentación de la moción, un airado debate y un cuarto intermedio de poco más de diez minutos, la propuesta fue sometida a votación. Con el apoyo del bloque Corriente Renovadora (Sergio y Franco Stampone), el proyecto fue pasado a comisión, instancia en la que se decidirá si es aprobado o no.

El pase a comisión no contó con el visto bueno de los concejales Quevedo y Sacnun.

Estoy en total desacuerdo porque es inconstitucional y no amerita el tratamiento” consideró Quevedo. Seguidamente disparó: “cada vez que tienen necesidad política y las encuestas los asustan, transitan los juzgados”.

Por su parte, Sacnun (Firmat para la Victoria) consideró el pedido como una “chicana política”.

Es absolutamente inoportuno” indicó y agregó: “delata un claro interés político de aprovechamiento de la coyuntura electoral y una ignorancia supina de la Constitución Nacional”.

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