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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que las internas madres que se encuentren alojadas en la Unidad Penitrenciaria N° 5 y N° 4 de la provincia tendrán prioridad a la hora de utilizar el mecanismo de vigilancia electrónica.

De acuerdo a lo establecido, la cartera provincial pone a disposición los dispositivos ante los pedidos correspondientes de prisión domiciliaria, atendiendo que se sigan los pasos procesales y se cumplan los requisitos exigidos por la normativa correspondiente.

“La situación de los niños que se encuentran en las Unidades Penitenciariarias junto con sus madres mientras éstas cumplen sus condenas, preocupa e interesa especialmente al gobernador, Miguel Lifschitz, y al ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, por eso hemos tomado esta decisión”, resaltó el subsecretario de Asuntos Penales, Lisandro Martínez Gorostiaga.

También señaló que con esta medida “se busca ofrecer un entorno más apropiado y seguro para que los pequeños puedan tener un desarrollo armónico y conforme a los estándares que prevén las convenciones internacionales, pensando siempre en el bienestar de los niños, a los efectos de que sus madres puedan cumplir la condena impuesta, en el ámbito de su hogar sin que implique en modo alguno resentir el adecuado control que debe tener el Estado sobre el efectivo cumplimiento de la pena ni vulnerar los derechos y garantías con que cuentan los pequeños”.

“El interés superior del niño, como lo define la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es la premisa bajo la cual se debe interpretar, integrar y aplicar la normativa de la niñez y la adolescencia, constituyendo un límite a la discrecionalidad de las autoridades en la adopción de decisiones relacionadas con los niños”, explicó Martínez Gorostiaga.

El subsecretario agregó que “el gobierno provincial prioriza los derechos humanos básicos de los menores de edad, como los que sean propios de su condición de niño, y el ejercicio de los derechos fundamentales y su vínculo a la autoridad parental como lo establece la CIDH”.

En la misma línea, resaltó que “la autoridad parental tiene como único fin procurar al niño la protección y los cuidados indispensables para garantizar su desarrollo integral constituyendo una responsabilidad y un derecho para los padres, pero también un derecho fundamental para los niños a ser protegidos y orientados hasta alcanzar su plena autonomía”.

Por último, Martínez Gorostiaga subrayó que la prioridad a los pedidos de utilización de los mecanismo de vigilancia electrónica se estableció asegurando el cumplimiento de las medidas de protección que infiere el artículo 19 de la Convención Americana: “El reconocimiento efectivo de estos derechos hace necesario un gran movimiento social y cultural, más que un marco legislativo adecuado, en el que diversos agentes tienen un papel fundamental: la sociedad civil, en tanto la educación y promoción de los derechos del niño en todos los niveles; las organizaciones no gubernamentales, en la denuncia, defensa y exigibilidad de los derechos del niño; y el Estado, garantizando todo esto”, concluyó.