El jueves último en la Cámara alta, la senadora provincial por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, presentó un proyecto para que el Ejecutivo santafesino, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, arbitre los medios necesarios para la apertura de un Centro de Asistencia Judicial (CAJ) en la ciudad de Venado Tuerto.

Entre los fundamentos del pedido, la senadora Di Gregorio plantea la necesidad de que los vecinos de General López cuenten con el acompañamiento del Estado provincial para que conozcan y se respeten sus derechos luego de ser víctimas de un delito.

La legisladora, recordó que en su momento, en el marco de una profunda modificación de proceso penal en la provincia, estos centros fueron creados con la idea de una estructura descentralizada. El objetivo era garantizar el acceso a la justicia por parte de los vecinos, ofreciendo contención, respuesta y acompañamiento a las víctimas de delitos desde una relación de proximidad.

“Se les brindaba asistencia integral y técnica para constituirse como parte querellante en los casos que encuadren en la reglamentación. A lo largo de los años adquirieron experiencia en la atención de delitos producidos en contextos de violencia de género, en ataques sexuales y en delitos de homicidios”, dijo Di Gregorio.

Respuesta rápida

Debe mencionarse que entre sus acciones, el proyecto de la senadora Leticia Di Gregorio busca fortalecer y facilitar el ejercicio de derechos ciudadanos, especialmente los que las víctimas de delitos pueden ejercer por sí mismas.

“Se suma a esto la reciente incorporación de la perspectiva de la víctima dentro del sistema de justicia penal que plantea un paradigma que hasta el momento no era tenido en cuenta en los estrados judiciales y los diferentes organismos del Estado, que es el de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito, en especial su adecuada y plena participación en los procesos de naturaleza penal”, detalló Leticia Di Gregorio.

Además, indicó que estos espacios cuentan con el área de mediación penal que tiene por objeto brindar un servicio público que surge como alternativa a la respuesta tradicional a los conflictos penales. “Se intenta que los participantes solucionen los conflictos con la ayuda de un tercero neutral (mediador), experto en la materia, que tiene la función de acercar las partes para facilitar el diálogo”, amplió.

Di Gregorio, sostuvo que en la actualidad son solo cinco los centros que están funcionando en la provincia y están situados en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Tostado, Reconquista y Vera, no existiendo ninguno en el sur-sur provincial, siendo que según el último censo 2022, el departamento General López es el tercero más poblado de la bota santafesina contando con más de 200.000 habitantes.

“Entendemos que las víctimas de un delito necesitan de un acompañamiento del Estado que les permita canalizar sus demandas y ser escuchados, donde haya profesionales capacitados que los contengan, donde puedan ejercer derechos y se les pueda garantizar la participación en el proceso penal, donde se les puedan dar distintos canales para resolver sus conflictos”, ponderó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.