Agustín Rossi propone se formen juntas barriales porque «los vecinos tienen identificados a quiénes venden drogas».

El presidente de la bancada oficialista en Diputados, Agustín Rossi, postula que los vecinos sin presencia policial aporten información que luego el Estado recolecte y coincide en que entes impositivos y fuerzas federales se aunen para investigar patrimonios dudosos.

«La policía no puede hacer un mapa del delito si no ve lo que los vecinos saben», dijo.

Si algo parece saludable es que la preocupación por la violencia barrial en Rosario, sus nudos con el tráfico de drogas y sus vínculos con la estructura policial se debata en un tono más responsable que en otro más usual, el del oportunismo y la chicana, que alejan la cuestión de sus soluciones.

El diputado nacional Agustín Rossi no pierde su rol de opositor sugiriendo con matices propios algunos caminos que no lo ponen en la vereda de enfrente del gobierno de Antonio Bonfatti.

No habla de recetas mágicas sino de convertir el conocimiento barrial sobre el comercio de drogas en información estatal para contenerlo. «En la sociedad rosarina anida una energía que demuestra la voluntad de enfrentar este problema.

Los vecinos tienen identificados quiénes participan en la venta de drogas y diciendo con su movilización que no quieren vivir de esa forma», dice.

Propone que se organicen juntas barriales sin presencia policial para que el Estado gane protagonismo en lugares donde hoy no lo tiene.

En Rosario hay una espiral de violencia por el afianzamiento barrial del tráfico de drogas.

¿Cómo ve el fenómeno?

La situación que hoy tenemos en Rosario proviene de una disputa entre bandas por territorio y negocios delicitivos.  De esto que hoy reconoce el gobierno provincial había datos como para advertirlo hace por lo menos dos años. Pero eufemísticamente se cubrían las muertes por estas disputas apelando a la noción del ajuste de cuentas, una suerte de pelea entre vecinos, sin avanzar a lo que hoy todo el mundo reconoce.  En los barrios la desconfianza hacia la policía es notoria.

¿Usted cree que hay una regulación policial de esos delitos? La desconfianza es evidente. Y tiene sentido si vemos hechos como los ocurridos la semana pasada en jurisdicción de la comisaría 12ª, en barrio Ludueña, donde vecinos quemaron dos lugares donde se vendían drogas. Ya habíamos tenido allí un hecho en septiembre pasado en que los vecinos desmantelaron un quiosco similar. Este elemento muestra dos cosas. La primera, siendo indulgente, la pasividad de la fuerza policial. Los vecinos saben lo que la policía no. En segundo lugar creo que anida en la sociedad rosarina una energía que demuestra la voluntad de enfrentar este problema y que el gobierno provincial debería tomar. Los vecinos tienen identificados quiénes participan en la venta de drogas y dicen con su movilización que no quieren vivir de esa forma.

¿Cómo se debe canalizar institucionalmente esa energía que usted menciona? Fomentar la conformación de mesas barriales de participación comunitaria alrededor de la problemática de seguridad es un camino que no hay que demorar. En esta instancia debe ser fomentado a mi juicio desde el Ministerio de Seguridad provincial en principio sin participación policial porque se trata de regenerar confianza entre el Estado y los vecinos. Y hoy con la policía no la hay por lo que los vecinos no podrían expresar todo lo que saben, sienten y les pasa. Si vemos pasividad de la fuerza policial ante esta ola de inseguridad que viven los barrios de Rosario lo que no podemos hacer es construir un mapa del delito con la información de la fuerza policial. Volviendo al ejemplo de la seccional 12ª: pienso que el mapa que me transmite la fuerza policial no habría incluido que había un quiosco en la zona que vendía drogas. Por eso los vecinos ante la falta de respuesta lo desmantelaron. Si estas mesas de seguridad comunitaria van a servir para conformar un mapa del delito se verá. Para eso la sociedad tiene que recuperar confianza al reconocer que el Ministerio de Seguridad tiene una política que busca disminuir la inseguridad que hoy existe. En la ciudad de Córdoba hay cientos de mesas de seguridad comunitaria hace cuatro años. Funcionan con la fuerza policial. Acá creo que debemos iniciarlas sin la participación policial. El de los chicos que se enfrentan a tiros en los barrios es el nivel más visible del problema. Se atiende menos a los que con esa violencia forman patrimonios que se ven en autos costosos y propiedades.

¿Como enfrentar ese aspecto ecónomico cuyo origen no se explica? Ahí se precisa un accionar conjunto de distintas agencias del Estado. En un primer momento coordinar con fuerzas federales como Policía Federal y Gendarmería. También con organismos del Estado como la Unidad de Información Financiera (UIF) que investiga el lavado de dinero y las que siguen cuestiones impositivas como la Afip. El trabajo debe ser fuertemente coordinado y también por supuesto con participación de la Justicia Federal. El ministro de Gobierno, Rubén Galassi, pedía para moderar este delito la participación de los órganos de todos los niveles del Estado.

¿Se puede atacar desde esa coincidencia un problema común a todos? No sólo no me niego sino que tiempo atrás planteé que en este tema era necesario fijar políticas de Estado conjuntas. Estoy dispuesto a participar de cualquier acuerdo. Pero hay que ver dónde se ponen los acentos. La fuerza de seguridad más extendida en el territorio provincial es la policía santafesina. Y debe tener protagonismo. Lo digo porque lo escucho al ex gobernador (Hermes Binner) tratar de deslindar responsabilidades y me parece un error. Hoy tenemos una serie de jefes de la policía provincial vinculados a delitos con la temática de drogas a los que investiga la Justicia provincial. Lo que no significa que no haya que tener una mirada integral del problema. Las otras fuerzas de seguridad nacionales tienen que aparecer también para recuperar los espacios públicos. Leía al ministro de Seguridad (Leandro Corti) diciendo que encontraban que algunas rutinas indicadas no se cumplían. Frente a eso expreso la necesidad de crear fuerzas policiales que yo llamé de prevención metropolitana que dependan en forma directa del poder político. Tenemos una estructura de numerosos jefes. Desde la orden impartida hasta que se ejecuta se mediatiza la decisión. Eso permite que no se pueda decir que porque tengo muchas personas afectadas a temas administrativos no se cumplen órdenes. Ese argumento ha sido escuchado en todas las gestiones políticas provinciales. Sí. Lo que yo digo es que controlar la eficacia de las rutinas impartidas es menos difícil si uno tiene una policía afincada en el territorio que tenga como destino la terea de prevención y que sea sensible a los requerimientos del poder político. Desde el gobierno provincial señalan que el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene políticas más enfocadas hacia la Capital Federal y el conurbano que hacia las provincias. Y que en Santa Fe no hay aportes. Si la provincia necesita de un trabajo conjunto entre las fuerzas provinciales y las federales me parece lógico que pida esa colaboración. El Ministerio de Seguridad de la Nación se asienta en la Capital Federal donde las cuestiones de seguridad están a cargo de la Policía Federal. En cambio en las provincias este servicio está a cargo de las policías provinciales. Eso no es óbice para que si el gobierno de Santa Fe ve que necesita tareas de mayor presencia lo señale. Yo siempre pensé que ese es un buen camino. Creo que eso no se hacía en la anterior gestión porque no se reconocía el problema. Ahora se lo reconoce y probablemente estemos en un camino de trabajo conjunto más adecuado.

FUENTE: Hernán Lascano.