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La «Ley Omnibus» no es una reparación histórica para los jubilados

La senadora Sacnun, en su rol de Miembro Informante del Despacho en Minoría expuso las razones jurídicas, políticas y económicas, por las cuales se suscribió un dictamen diferente a la propuesta oficialista.

La senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, en su rol de Miembro Informante del Despacho en Minoría expuso las razones jurídicas, políticas y económicas, por las cuales se suscribió un dictamen diferente a la propuesta oficialista con relación al llamado ‘proyecto de reparación histórica’ para los jubilados y pensionados de nuestra Argentina.

Pivotando en el artículo 75 inciso 2 de La Constitución Nacional, la senadora nacional Sacnun recuerda que es el Senado de la Nación el lugar donde nacen los pactos entre la Nación y las Provincias. También observa que el Poder Ejecutivo Nacional presenta esta denominada ‘ley ómnibus’ conteniendo normas que “no eran necesarias a los fines de pagar las sentencias adeudadas a nuestros jubilados, como tampoco eran necesarias a los fines de proceder a los reajustes jubilatorios, a los cálculos de dichos ajustes jubilatorios, ni a la movilidad jubilatoria que demandan nuestros jubilados”.

Con meridiana claridad la senadora nacional representante de nuestra provincia de Santa Fe, sostiene que “existe una partida en el Presupuesto Nacional que está destinada justamente al pago de estas sentencias”.

Así, y añadiendo observaciones contundentes, Sacnun afirma que “lejos de constituir una reparación histórica para jubilados y pensionados, esta ley que propone el Poder Ejecutivo Nacional tiende a llevar adelante una quita respecto de los montos de los haberes, de los valores retroactivos que se establecen, de los criterios de actualización, de los plazos y condiciones en que se debe pagar”.

Sacnun advierte que se reemplazan las moratorias vigentes. “Son las que permitieron que en la Argentina -gracias a nuestro Gobierno- el 95% del universo de personas susceptibles de ser jubiladas pudieran acceder a ese beneficio”, indicó.

Además aseveró que la Pensión Universal a la Vejez significa “una fractura a la integridad del régimen previsional”, pues “comienzan a existir jubilados de segunda” y “a las mujeres se les eleva la edad jubilatoria”.

Poniendo el foco el aumento de la edad jubilatoria para las mujeres (el gobierno la elevará a 65 años) la senadora nacional remarcó el amplio valor del “Ni una Menos”. “Decimos Ni una Menos de las mujeres que pueden acceder a una pensión o a una jubilación, para tener un ingreso digno en sus hogares para no terminar dependiendo de su familia o de su cónyuge”.

Otra de las críticas a la nueva ley impulsada por el gobierno nacional es que se fractura la integridad del sistema porque el haber mensual que se establece es inferior. Es un 80% menos del que va a percibir quien accede a una jubilación mínima. Y en caso de fallecimiento se discrimina al cónyuge, porque no va a poder acceder a una pensión.

A contramano de lo votado, el Dictamen de la Minoría propone la creación de una comisión bicameral para elaborar un proyecto de ley para la elaboración de un código de seguridad social, porque los derechos de los adultos mayores deben estar nucleados y deben ser respetados.

El citado código es para establecer claramente un sistema de previsión que debe ser público, solidario y de reparto. “Eso es indelegable”, apuntó Sacnun.

Otro punto crítico que observó la senadora nacional Sacnun es que “se desarma el fondo de garantía de sustentabilidad,… se lo vacía y se lo extranjeriza”, amplió.

“Otra vez se permite que se puedan liquidar sus activos para cubrir el flujo mensual de gastos”, revela, para añadir que “se reduce la participación accionaria en las empresas en las cuales el Estado tenía participación mayoritaria de acciones”.

“La reparación histórica es para un sector económico que viene haciendo lobby desde hace mucho tiempo y que nuestro gobierno no cedió a sus presiones”, reseñó la Senadora de la provincia de Santa Fe.

En otro orden, atribuyó el blanqueo de capitales a la necesidad de “poder ingresar la lluvia de dólares que habían prometido cuando mandaron al Congreso la ley para pagarle a los fondos buitre”.

Por último, denunció un “absoluto desmantelamiento de la UIF” (Unidad de Información Financiera), que pasará de la órbita del Ministerio de Justicia al de Hacienda y Finanzas.

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Redaccion
Redacción de Firmat24
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