La provincia intentará regular el funcionamiento de la EPE incluyendo los derechos de los usuarios y el resarcimiento por cortes no previstos. A la decisión política le seguirá una fuerte discusión en la Legislatura.

El gobierno de Antonio Bonfatti quiere regular el funcionamiento de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) a través de un organismo de contralor propio. Con ese objetivo, solicitó financiamiento a un organismo nacional para contratar la consultora que tendrá a su cargo el armado de un marco que contemplará los derechos de los usuarios, el régimen de resarcimiento frente a los cortes de luz y la lógica de las audiencias públicas para evaluar los aumentos de tarifas. La Casa Gris pretende que el marco regulatorio esté sancionado antes de que finalice la actual gestión.

El primer paso para avanzar con el marco regulatorio para la EPE lo dio el miércoles pasado el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente provincial, Antonio Ciancio, al reunirse con autoridades del Consejo Federal de Inversiones (CFI), a las que les solicitó un préstamo.

«Nos dijeron que el préstamo es posible, con lo cual en los próximos días presentaremos todos los papeles para poder concretarlo», confió el funcionario.

Ciancio aclaró que «la prioridad» para la elaboración del marco regulatorio la tendrán las tres universidades públicas con asiento en la provincia: la Nacional de Rosario (UNR), la Nacional del Litoral (UNL) y las delegaciones de la Tecnológica Nacional (UTN).

«También está la opción de llamar a licitación y abrir el juego a las consultoras privadas, pero siempre se prioriza a las universidades públicas», recordó el ministro, tras lo cual destacó que un objetivo central de la consultoría es «saber con precisión desde dónde partimos, cómo está funcionando la EPE y hacia dónde podemos aspirar a llegar en el corto, mediano y largo plazo«.

Los principales ejes que el ministerio quiere incluir en la regulación de la EPE son: los derechos explicitados de los usuarios, el mecanismo de resarcimiento frente a los cortes no programados de energía, el régimen de audiencias públicas y las obligaciones, tanto de la compañía como de los propios clientes.

Si bien muchas de estas cuestiones hoy se aplican, como la bonificación a los clientes que padecieron cortes en el suministro eléctrico, el marco regulatorio les daría otro estatus, mayor previsibilidad y un esquema a seguir.

Ciancio destacó que la provincia «está a favor de la participación de los usuarios a través de distintas instancias, como las audiencias públicas«, para que escuchar institucionalmente su opinión y que ésta sea tenida en cuenta al momento de planificar acciones y tomar decisiones.

En ese sentido, mencionó a modo de ejemplo lo que ocurre con Aguas Santafesinas SA (Assa) y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).

«El ente funciona y hay audiencias públicas periódicas frente al pedido de aumento tarifario. Si bien las audiencias públicas no tienen un carácter vinculante, no son meras formalidades y lo debatido en ese contexto es tenido en cuenta, tanto por el Enress como por el ministerio«, aseveró Ciancio.

La regulación de la EPE es un reclamo histórico del socialismo al Partido Justicialista (PJ), que se hizo sentir durante sucesivos gobiernos provinciales.

«Asumimos la parte que nos corresponde. Hace casi cinco años que gobernamos la provincia y lo primero que hicimos fue poner a la EPE en el camino de las inversiones. Ahora el gobierno tiene la decisión política de avanzar hacia la regulación del funcionamiento de la compañía», sostuvo el funcionario.

Tras advertir que la última palabra la tendrá «la Legislatura, que definirá el texto final», Ciancio planteó que la intención de la Casa Gris es que la norma esté sancionada «antes de que termine la actual gestión» socialista.

FUENTE: Guillermo Zysman.