Como férreo defensor de los derechos de las víctimas y del derecho a la seguridad que siempre he sido, manifiesto mi total disconformidad con las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional que permiten el acceso a la prisión domiciliaria de muchos reclusos del país, en el marco de la situación pandémica que vivimos como consecuencia del coronavirus.

Considero que este tipo de decisiones no sólo dañan severamente a nuestro delicado sistema de justicia penal, sino que también contribuyen a la impunidad que el Estado de Derecho debe procurar erradicar. La solución a la situación epidemiológica causada por el Covid-19 no es otorgar prisiones domiciliarias, sino invertir en el cuidado de los presos, como en la desinfección y el aislamiento, el cumplimiento de medidas de protección -barbijo, mantención de la distancia mínima-; la búsqueda de medidas alternativas, como la celebración de acuerdos con lugares estatales que hoy se encuentran desocupados y que tienen la infraestructura edilicia adecuada para que los presos cumplan allí sus condenas mientras dure la pandemia, con el control estricto de las unidades penitenciarias.

Quienes luchamos día a día por esta problemática social, más aún desde mi lugar de trabajo, en el que he procurado siempre dar tanto a Jueces como a Fiscales herramientas para evitar la impunidad, no podemos avalar tampoco a quienes por intermedio del delito, han ocasionado motines en las diversas unidades penitenciarias con el supuesto objetivo de mejorar su situación sanitaria, y menos aún a los defensores que por intermedio de una “avivada” han solicitado dichas prisiones domiciliarias basándose en esas acciones violentas y reprobables.

Recordamos también, que el derecho a la seguridad tiene raigambre constitucional en virtud de los tratados internacionales y que las víctimas poseen el derecho a que se les informe del cumplimiento de las condenas o la modificación del estatus preventivo del delincuente, en virtud del Código Procesal Penal y Ley de Protección de las Víctimas.

Por todo ello, es que vuelvo a reiterar mi posición de que las condenas deben cumplirse en las cárceles, manifestado mi discordancia con estas medidas impulsadas por el Gobierno Nacional, comprometiéndome a controlar que dichas situaciones no sucedan en el ámbito de la Provincia de Santa Fe.