La presidenta anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que establece la expropiación del 51 %  acciones de la petrolera.

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, aunció este lunes el envío de un proyecto al Congreso para la expropiación y reestatización de YPF. El texto declara de interés público nacional la explotación de hidrocarburos con el objetivo de lograr el autoabastecimiento y establece la expropiación del 51 % de las acciones, de las cuales el Estado nacional tendrá el 26,01 %  del total y las provincias productoras, el 24,99 % (Esa proporción representa el 51 %  para la Nación y el 49 % para las provincias del 51 % a expropiar).

Hasta el anuncio presidencial, las acciones de la compañía se distribuían en un 57,43% en manos de Repsol, 0,02 % del Estado, 25,46 % del Grupo Petersen (Eskenazi) y 17,09 % cotiza en Bolsa y está en manos de diferentes inversores.

Según el proyecto, que ingresará al Parlamento por el Senado, se avanza sobre el porcentaje de la compañía española Repsol y no sobre las acciones de Eskenazi y el resto de los inversores.

El proyecto –que seguramente se aprobará por la mayoría oficialista en ambas cámaras– determina la “remoción de los directores y síndicos titulares y suplentes” y estipula que “la designación de los directores se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa”.

Desde el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, la Jefa de Estado dio un discurso emitido en cadena nacional donde además anunció la intervención de la firma y designó al ministro de Planificación, Julio de Vido; y al viceministro de Economía, Axel Kicillof, como interventores. En el proyecto, se establece también que «el Poder Ejecutivo arbitrará las medidas al cumplimiento de esta medida con el concurso de los estados provinciales y el capital público y privado nacional e internacional».

Entre los artículos del proyecto se establece la necesidad de garantizar el desarrollo económico, y el crecimiento «equitativo y sustentable de las provincias».