Una vecina del inmueble cuya posesión fue tomada por el Municipio a través de un decreto, presentó un “recurso de reconsideración”. Los concejales acordaron citar a las partes involucradas.

Por considerar que se encontraba en “estado de abandono”, el 1 de octubre pasado, a través del decreto 101/2012, el Estado municipal decidió tomar posesión de un inmueble ubicado en Buenos Aires 1310.

La acción provocó una fuerte reacción de parte de los sindicatos propietarios del espacio en el que antiguamente funcionaba la farmacia social ADOS.

En los últimos días, se conoció que -poco después de materializada la toma de posesión- una vecina del inmueble presentó un “recurso de reconsideración” en el que asegura que “el mencionado acto administrativo adolece de graves, evidentes e insubsanables vicios en sus elementos constitutivos, que son de una entidad tal que lo convierten en un acto inválido por su ilegitimidad y lo ubican en la calificación de las vías de hecho”.

“No es cierto ni que el inmueble señalado no tenga propietarios o sean éstos desconocidos ni tampoco que se encuentre abandonado” indica y agrega: “desde hace aproximadamente 14 años me encuentro ejerciendo la posesión del inmueble indicado, a través del ejercicio de numerosos actos materiales y jurídicos que han venido interiorizando de forma indubitable y pública, la intención de poseerlo”.

En su presentación, Silvia Coacci plantea que el decreto está basado en “meras especulaciones”. Además, asevera que desde 1998 se hace cargo del “mantenimiento y conservación” del espacio y de pagar las deudas que pesaban sobre el mismo.

En este sentido, destaca que “en todos estos años, el inmueble jamás recibió la visita ni fue objeto de interés de quienes podrían llegar a ser sus propietarios”.

“Mi intención es, una vez alcanzado un estado de presentación aceptable del local, destinarlo a un negocio de herboristería” dice y acota: “había requerido el asesoramiento profesional para conocer las posibilidades de ejercer una acción de prescripción adquisitiva sobre el inmueble, una vez transcurrido el plazo legal”.

La intervención del Concejo

En la última sesión ordinaria de 2012, Coacci presentó en el Concejo una copia del recurso de reconsideración al decreto 101/2012.

Tras su ingreso, los concejales decidieron tomar cartas en el asunto y acordaron citar a las diferentes partes para conocer más a fondo cada una de las tres posturas en pugna: el Estado local; la vecina y los sindicatos.

Semanas antes, por iniciativa de la concejal María de los Angeles Sacnun, los legisladores habían aprobado un pedido de informes sobre el particular.

Según indicaron en dicha sesión, aún no recibieron respuestas.