Dos de los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas (DEPSDTP) y los restantes cuatro fueron llevados adelante por la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (DGPCA). Colaboraron la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la Policía de Acción Táctica (PAT).

Frente a la terminal

Personal de la DEPSDTP realizó allanamientos en domicilios de Santa Fe al 3800 y en la intersección de dicha calle con Castellanos. Según explicó la responsable de la Secretaría de Delitos Complejos, Ana Viglione, “fueron dos lugares que eran utilizados para el ejercicio de la prostitución”.

Allí los equipos interdisciplinarios de la DEPSDTP asistieron a ocho mujeres mayores de edad, cinco de las cuales son oriundas de República Dominicana, una de Paraguay y las restantes dos de Argentina.

También fueron encontrados dos prostituyentes y fue detenida una mujer dominicana por facilitamiento de la prostitución.

La funcionaria explicó que “esta es una causa en la cual veníamos acumulando elementos de prueba que fueron puestos a disposición de la justicia, que es la que ordena el allanamiento”, y recordó que “no es la primera vez que se allana este lugar, ya que otras veces también ha ingresado la policía de la provincia”.

Al ser consultada sobre las instalaciones donde las mujeres eran explotadas sexualmente, Viglione dijo que “las condiciones de estos lugares son demasiado precarias, desde las instalaciones eléctricas hasta donde se realizaba la actividad”.

Por último, la funcionaria provincial expresó que “este ha sido y es uno de los trabajos permanentes del gobierno de la Provincia que, con la Dirección de Trata de Personas, el gobernador Antonio Bonfatti priorizó”. Luego agregó que “hoy nos acompaña el Municipio de Rosario, ya que también hay un enorme compromiso de (la intendenta) Mónica Fein de avanzar con esto. La idea es realizar un trabajo conjunto para evitar que estos lugares vuelvan a abrir”.

Participó el municipio local, que clausuró ambos domicilios junto con la Dirección de Trata de Personas; la Fundación María de los Ángeles; personal del Ministerio de Trabajo de la Provincia y miembros de la Dirección Nacional de Migraciones.

Interviene el juzgado de Instrucción Nº12 de Rosario, a cargo de la Dra. Mónica Lamberti, junto con los fiscales Dr. Marcelo Vienna y Dra. Ana Rabín.

En Las Flores Este

Además ayer por la tarde, personal de la DGPCA realizó cuatro allanamientos en Las Flores Este, de la ciudad de Rosario, logrando como resultado el secuestro de unos 800 gramos de cocaína y alrededor de 255 gramos de marihuana, la mayor parte de la cual estaba fraccionada y lista para su comercialización al menudeo.

Los allanamientos fueron en tres viviendas ubicadas en Padre Giaccone al 1300 (lugares que ya habían sido allanados por la DGPCA en diciembre pasado) y en una edificación localizada en la intersección de esa calle con las vías ferroviarias.

Viglione indicó que “hay tres personas detenidas (dos hombres de 28 y 54 años, y una mujer de 22) que están a disposición de la justicia”. También fueron secuestrados seis cartuchos calibre 32 y una motocicleta que –según explicó la funcionaria- “en el marco de la causa tiene que ver con que era utilizada para la comercialización” de estupefacientes.

La titular de Delitos Complejos dijo que “estamos siguiendo las directivas que nos imparte el gobernador en lo que es el abordaje de la comercialización de estupefacientes en cualquiera de sus etapas, y en ese aspecto la Dirección viene dando muestras de un trabajo importante”.

La investigación de la causa se inició en octubre del año pasado. Dos meses después se realizó el primer allanamiento en dos domicilios de Padre Giaccone al 1300 (que en el día de ayer fueron nuevamente requisados por orden judicial).

En aquel momento fueron detenidas cuatro personas de entre 21 y 38 años y se secuestraron unos 80 gramos de cocaína y alrededor de 130 gramos de marihuana.

Tanto en los allanamientos de diciembre pasado como en los de ayer interviene el juzgado Federal Nº 3, a cargo del Dr. Carlos Vera Barros, y el fiscal federal Nº1, Dr. Marcelo Degiovanni, de la ciudad de Rosario.

El proyecto de Ley de extinción de dominio sobre los bienes provenientes del narcotráfico que impulsa el senador nacional Rubén Giustiniani obtuvo esta tarde media sanción por unanimidad y será girado para su tratamiento a la Cámara de Diputados. “Estamos avanzando en una ley que otorga más herramientas a la Justicia para atacar el poderío económico que genera el narcotráfico”, sostuvo Giustiniani.

La normativa modifica el artículo 23 del Código Penal de la Nación e incorpora un nuevo art. 23 bis, ampliando la figura del decomiso penal. Introduce en el Código Penal la posibilidad del decomiso de los bienes sin necesidad de condena penal, aún antes del dictado de la sentencia (ya sea condenatoria o incluso absolutoria) y se declara mediante sentencia judicial.

Giustiniani explicó que la ley habilita una “via paralela” para que la Justicia Federal pueda avanzar sobre las bienes generados por el “mercado de las drogas ilícitas que se estima en unos 320 mil millones de dólares, lo que representa el 1% del PBI mundial”.

“Hay dos casos en donde no se puede ir sobre los bienes del narcotraficante y con esta ley se podrá”, indicó Giustiniani.

“La primera es hasta tanto tenga una sentencia definitiva y firme en la vía penal, lo que puede tardar muchísimos años. La segunda es como es el caso de Luis Medina (asesinado a balazos en diciembre pasado en la zona sur de Rosario): cuando el narcotraficante muere y no se puede actuar sobre los bienes económicos. En este caso, la ley modifica el Código Penal, habilita la vía paralela y el juez bajo presunción de que los bienes económicos son producidos por el narcotráfico puede iniciar su decomiso”, explicó Giustiniani.

La ley también crea la “Dirección Nacional de Bienes Incautados”. Estos bienes recuperados no sólo contribuirán a asfixiar económicamente a las organizaciones criminales sino también tienen el objetivo de financiar los programas de prevención y rehabilitación de drogadependientes y adictos. En Colombia, por ejemplo, el pasado año en una sola subasta el Estado logró recaudar 47 millones de dólares.

A poco más de una semana del allanamiento en el bar nocturno “La Quinta” -ubicado en ruta provincial 93 y las vías del ferrocarril- el juez que lleva adelante la investigación, Marcelo Balaique, dispuso la “inmediata libertad” de quien sería propietario del lugar y que  había sido detenido la noche del operativo.

La decisión del juez devino tras tomar las correspondientes declaraciones testimoniales a las seis mujeres halladas en el local. En sus testimonios, éstas habrían tirado abajo la teoría que planteaba la existencia de una red de trata de mujeres, asegurando que se encontraban allí por propia voluntad y con absoluta libertad de acción.

El allanamiento al citado bar tuvo lugar la madrugada del sábado 18 de mayo y fue llevado adelante por personal de Gendarmería Nacional y del Ministerio del Interior.

Según se informó en su momento, el operativo se originó tras una extensa investigación por aparente explotación sexual.

En julio del año pasado, en el marco de los preparativos para la inauguración de la Comisaría de la Mujer, la titular de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas en Santa Fe, Mónica Viviani, visitó la ciudad de Firmat.

A pocos días de haberse realizado dos importantes allanamientos en cabarets de la localidad de Melincué -donde se encontró a 23 mujeres, la mayoría de origen paraguayo, que ejercían la prostitución en dos bares nocturnos-  la funcionaria fue interrogada acerca de la existencia de un local con semejantes características en Firmat.

“Tenemos conocimiento. Se está investigando ese tema” fue la respuesta de Viviani que, aunque escueta, dejó entrever la existencia de alguna investigación en torno al funcionamiento del local que en el Municipio figura inscripto como “bar nocturno“.

El allanamiento

La orden de llevar adelante el allanamiento que se produjo en las primeras horas del sábado, provino del titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, en el marco de una investigación por el presunto delito de trata de personas.

Intervinieron esa noche, el fiscal federal subrogante, Juan Murray y personal de la oficina de Rescate de Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Si bien la justicia aún está en plena etapa investigativa, trascendió que las mujeres rescatadas -aparte de ser sometidas a explotación sexual- serían víctimas del delito de privación ilegítima de la libertad.

El pasado viernes 4, personal de Inspección General dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Firmat clausuró el local comercial “Modas Romina”, ubicado en calle Buenos Aires 964.

La decisión devino luego de que la Municipalidad recibiera denuncias vinculadas a situaciones de trabajo bajo condiciones de esclavitud y detectarse mediante inspecciones tales situaciones sumadas a deficiencias en la seguridad del local, se llevó a cabo la clausura del comercio.

A pocos días del resonante hecho, se conoció que las mujeres bolivianas que denunciaron a sus empleadores, están alojadas en la sede rosarina del Consulado de Bolivia.

Además, se supo que el local seguirá clausurado hasta tanto los titulares corrijan ciertas deficiencias detectadas en cuanto a la seguridad e higiene del lugar.

Respecto a algunas dudas surgidas sobre el rol del Estado en el caso, el intendente Maximino explicó: “tomó intervención la secretaría de Promoción Comunitaria, a través de una derivación de la Oficina de Defensa al Consumidor, que es el primer lugar donde acude una de las víctimas”.

“Tomamos la decisión política de actuar en beneficio de las personas que estaban siendo sometidas. Se hizo una denuncia penal y, mediante inspecciones, constatamos que había dos personas más trabajando sin registrar. Se detectaron deficiencias en cuanto a las normas de seguridad edilicias, incumplimientos a las normas de seguridad e higiene y se procedió a la clausura” relató y comentó: “está en manos del juez de Faltas y el tiempo de clausura va a depender del tiempo que demoren en ponerse en regla”.

El mandatario aseguró que se tomó la decisión de actuar avalados por el poder de policía que otorgan “la Ley Orgánica de Municipalidades; la Constitución Nacional; la Constitucion Provincial y la Ley de Contrato de Trabajo”.

En el día de la fecha, viernes 4 de enero de 2013, personal de Inspección General dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Firmat procedió a la clausura del local “Modas Romina”, ubicado en calle Buenos Aires 964 de nuestra ciudad.

Luego de haber recibido la Municipalidad de Firmat, denuncias vinculadas a situaciones de trabajo bajo condiciones de esclavitud y detectarse mediante inspecciones tales situaciones sumadas a deficiencias en la seguridad del local, se llevó a cabo la clausura del comercio.

Se adjunta Resolución Nº 002/2013, donde constan las actuaciones administrativas respectivas.

RESOLUCIÓN N.º 002/2013.

Firmat, 04 de enero de 2013.

Y VISTO:

El acta de Inspección nro. 1323 y el Informe técnico, ambos de fecha 02-01-2013 y el acta de inspección N.º 1324 de fecha 04-01-2013;

Y CONSIDERANDO:

Que en fecha 14-12-2012, se apersona ante la administración municipal, la ciudadana boliviana MARIA NINGA HA VIVI TECO, requiriendo el auxilio por parte de la Secretaria de Acción Social ante una situación de desamparo. Dijo ser víctima de esclavitud laboral por parte de los titulares de un comercio ubicado en calle Buenos Aires 964 de Firmat, en los siguientes términos: “vengo a exponer que el día de ayer a las 09:30 horas me retire de la casa de Bv. Solís 1241 de esta localidad lugar donde estaba recibiendo con la familia del señor Jesús Huanca y su esposa la señora YenyAlcon, también de nacionalidad boliviana con él yo me vine a Argentina con la promesa de trabajar en una tienda de su propiedad una vez a me dijeron que también tenia que hacer tareas domesticas y cuidado de niños, trabajaba de las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana ya sea en horario comercial en la tienda ubicada en calle Buenos Aires entre las calles Santa Fe y Sarmiento llamada Modas Rominas o cuando estábamos en la casa atendiéndolos a ellos, cuando me trajeron al país me dijeron que me iban a pagar $ 2.000 por mes, una vez acá me dijeron que no, que la paga iba a ser $ 1.500.- , y desde hace 11 meses que trabajo con ellos nunca percibí ningún haber, solamente me daba cuando yo le pedía $ 50.- o a veces $ 20.- para llamar a mi familia o para tomar un helado, podía salir una hora mas o menos cuando ella nos autorizaba y nos tenían prohibido hablar con las personas de acá ya que nos decían que eran malos, el día de 13/12/12 decidí irme y le pedí a la Sra. YenyAlcon que me pagara todos los meses, esta me dijo que no, que yo le había robado y que no me pagaría nada y que si quería irme que me vaya y me reviso todo mi equipaje. Yo nunca pude haberle robado nada ya que no teníamos acceso a la caja de la tienda ni administrábamos el dinero de la casa de eso siempre se encargaban los dueños a sus hijos” .

Que como consecuencia de ello, se acompañó a la mencionada al Centro de Atención a la víctima de violencia familiar y abuso sexual” de Firmat, donde radica la denuncia penal respectiva, que obra en fotocopia.

Que a posteriori, y mediante las actuaciones administrativas mencionadas, se procedió a constatar la existencia de trabajadoras sin las mínimas formalidades exigidas por los organismos de seguridad y previsión social.- Paralelamente, se constató la inexistencia de elementos de seguridad básicos, tales como un interruptor de electricidad y matafuego, entre otros.-

Que ello derivará en un proceso penal ante la Justicia Federal, y eventualmente, en la intervención Oficina de Rescate y

Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación y/o autoridad de aplicación en materia de protección contra el trabajo esclavo, etc.- Sin perjuicio de ello, existen serios hechos que exigen una rápida y enérgica respuesta de la autoridad municipal.

Que la Trata de personas es el comercio ilegal de personas físicas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, o cualquier forma moderna de esclavitud. Es un delito internacional de que viola los derechos humanos, también se lo denomina la esclavitud del siglo XXI.

Que el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (más conocido como Protocolo de Palermo) fue adoptado en Palermo, Italia, en 2000 (ratificado por la Argentina en el 2002), y es un acuerdo internacional adjunto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia OrganizadaTransnacional define de esta manera a la trata de personas: La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Que a la luz de tales conceptos, estamos -en nuestro caso- ante una situación que “prima facie”, bien puede calificarse de esclavitud o servidumbre laboral.
Recordemos que toda nuestra legislación aborrece hechos como los que se describen en la presente.- Así, toda la legislación laboral (Ley 20.744, 24.013, 25.323, 25.877) repudia el trabajo esclavo o servidumbre laboral; la mismísima “Declaración universal de los derechos del hombre” (art. 4), repudia el trabajo esclavo; y finalmente, la más reciente ley 26.364, o “Ley Trimarco”.

Que a los fines de ilustrar sobre la imperiosa necesidad –u obligación mejor dicho- de actuar ante una situación como la descripta, basta ilustrarnos con un párrafo del “Informe 2012 sobre la Trata de personas”, emitido por la “Oficina para el monitoreo y combate de la trata de personas”, dependiente del Departamento de Estado de U.S”, publicado en la Web: El año pasado, el gobierno de Argentina aumentó los esfuerzos de aplicación y cumplimiento de la ley para combatir la trata de personas, especialmente a través del aumento en las acciones penales y condenas; si bien las ONG, los medios y algunos funcionarios siguieron informando niveles significativos de complicidad no abordados en materia de trata de personas por parte de funcionarios provinciales y municipales”.-

En suma, entendemos que estamos obligados a actuar.

Que los dichos de la denunciante, en lo que ahora interesa, parecen corroborados ante la existencia de personal boliviano sin documentación.

Que en ejercicio de las potestades conferidas por el art. 21 de la L.O.M., y demás facultades inherentes al poder de policía municipal (conf. Tribunal Superior de Justicia, CABA, en re “Cooperativa de Trabajo Buenos Aires – Hotel Bauen s/ Infracción”, Expte. nro. 4171, Resolución del 05-04-2006; y CSJSF in re “SHELL” y “ESTADIO”), y encontrándose graves razones vinculadas a la moralidad y seguridad públicas, se dispondrá la inmediata clausura del establecimiento donde funciona la actividad clandestina mencionada.-

Que oportunamente, se requerirá al Juez de Faltas para que fije una multa, según corresponda.

Que a los fines de resguardar los derechos del responsable del local, se le hará saber que las actuaciones ordenadas no implican que eventualmente si ajusta su actividad a derecho, pueda ser rehabilitado, a cuyos fines se remitirá copia de las actuaciones al señor Juez de Faltas Municipal.

Que asimismo, se remitirá copia de las actuaciones a la autoridad de aplicación nacional y provincial, a sus efectos.

Por todo ello, el Intendente Municipal de Firmat en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1.º: Disponer la CLAUSURA del establecimiento ubicado en calle Buenos Aires 964 de Firmat, titularidad de ALCONZ JHENNY LEONCIA.

ARTÍCULO 2.º: Remítase copia de las actuaciones al Juzgado de Faltas Municipal, y a la autoridad de aplicación nacional y provincial, a sus efectos.

ARTÍCULO 3.º: Comuníquese, regístrese y archívese.

En una declaración dada a conocer hoy, los dirigentes del PS destacan que “una vez más se ha consagrado la impunidad, a pesar de los testimonios de los 150 testigos que mostraron claramente, no sólo el secuestro y el estado de explotación al obligar a las mujeres a prostituirse, sino también la trama de corrupción de complicidades policiales, judiciales y políticas, sin las cuales la trata de personas sería muy difícil de sostener”.

Además, expresaron su solidaridad “con Susana Trimarco que debe soportar este resultado tras 10 años de lucha incansable en soledad y que a pesar de las amenazas ha logrado rescatar a cientos de mujeres de las redes de trata para la explotación de la prostitución ajena. Su lucha, además de dar visibilidad a este delito que constituye una violación a los derechos humanos, dio impulso a la sanción en 2008 de la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”.

Por último, recordaron que “este tema ha estado históricamente dentro de las preocupaciones del socialismo desde principios de siglo, cuando Alfredo Palacios impulsa la primera ley contra el proxenetismo, Ley 9.143 en 1915. El Partido Socialista reitera una vez más su compromiso en la lucha contra la economía del delito sustentada en el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas”.

El caso Marita Verón

María de los Ángeles Verón desapareció el 3 de abril de 2002. Salió de la casa de su madre, en Tucumán, rumbo a un centro de salud.  Tanto el comisario Jorge Tobar como el padre de la joven, afirmaron que una prostituta les dijo que Marita había sido vendida a La Rioja.

A más de diez años de su secuestro y desaparición, este último miércoles culminó el proceso oral y público que se siguió en Tucumán.

Tras cuatro horas de demora, el tribunal integrado por Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano dio a conocer una esperada sentencia, que desilusionó a la querella, ya que absolvió de manera unánime a los 13 acusados.

La sentencia despertó un airado reclamo en distintos puntos del país.

El oficio –emitido en la mañana del lunes- no se pudo llevar adelante debido a errores en la confección de la correspondiente orden.

La intención del operativo era allanar una computadora que podría contener material de relevancia para la causa ya que, uno de los investigados, es empleado de dicho Juzgado.

Dos días antes, dentro de la misma investigación, Gendarmería Nacional allanó en simultáneo el cabaret “Escorpio” (Melincué) y uno situado en la localidad de Arteaga, logrando el rescate de 23 mujeres (11 paraguayas, 5 dominicanas, 1 boliviana y 6 argentinas) mayores de edad que permanecían bajo situación de vulnerablilidad.

A mediados de julio, la inspectora Mónica Viviani, a cargo de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas del ministerio de Seguridad provincial, estuvo en Firmat y se refirió al operativo realizado a principios de ese mes en los cabarets de Melincué, “Escorpio” y “La rueda”.

En ese sentido, la funcionaria aseguró que se estaba “investigando todo el Departamento” y que, de las 23 trabajadoras sexuales, “la mayoría manifestó encontrarse allí por propia voluntad”.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que las mujeres trabajaban bajo el accionar de una organización que se quedaba con el 60 % de la recaudación y que además permanecían en sendos prostíbulos bajo condiciones inhumanas.

Gendarmería inició ambos procedimientos tras recibir las correspondientes órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado Federal Nº 4, a cargo de Marcelo Bailaque, quien tomó la decisión de intervenir los locales luego de una larga investigación que comenzó en diciembre de 2011.

La pesquisa se originó a través de una denuncia realizada al 0800-888-8804 , que Gendarmería Nacional dispone para estos casos.

Tras la queja, el magistrado instruyó una causa judicial a través de la Fiscalía Federal Nº 2 a cargo de Liliana Bettiolo, por violación a la ley 26.364 de trata de personas.

El proceso investigativo recayó en la Unidad de Procedimientos Judiciales y la Unidad de Inteligencia Criminal de la fuerza de seguridad federal con asiento en Rosario y jurisdicción en la zona.

A principios del mes de julio, este mismo cabaret  -y otro llamado “La rueda”-  habían sido allanados en el marco de una investigación judicial. En ese momento, fueron 23 las trabajadoras sexuales encontradas.

El miércoles por la tarde, la inspectora Mónica Viviani, a cargo de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas del ministerio de Seguridad provincial, estuvo en Firmat, donde participó de una mesa de trabajo con funcionarios, técnicos y personal policial que estará a cargo de la futura Comisaría de la Mujer.

La reunión tuvo lugar en el Centro Cultural, a pocas semanas de la anunciada apertura de la sede policial que, según dijeron, sería entre “los últimos días de julio y principios de agosto”.

En un encuentro con los medios de prensa, Viviani habló sobre la función y alcances que tendrá la comisaría.

“Como funcionarios policiales somos auxiliares permanentes de la Justicia y todo lo que sea delito ya sea de abuso sexual, violencia de género o familiar en si es lo que va a bordar la comisaría. Además del protocolo a aplicar ante determinadas situaciones” remarcó y agregó: “independientemente de la parte procesal y penal, la asistencia que tiene la victima en la comisaría se va a articular con el municipio con el equipo interdisciplinario para trabajar en lo que viene después”.

Todo listo

En lo que se refiere a la parte operativa de la Comisaria de la Mujer, se conoció la designación de Marta Gómez como Jefa. Por ahora, habrá otras dos agentes más cumpliendo funciones y se espera la llegada de más personal con la nueva promoción de policías que tendrá lugar a fines de septiembre.

En estos momentos, las tres mujeres se encuentran realizando tareas de capacitación con personal de otras dependencias policiales del Dpto. General López.

En cuanto el edificio, ubicado en calle Entre Ríos, al lado de la Comisaría 4°, sólo restaría culminar con algunas refacciones menores.

Cabarets

Viviani también fue consultada por los recientes operativos que se hicieron en Melincué donde se encontró a 23 mujeres, la mayoría de origen paraguayo, que ejercían la prostitución en dos bares nocturnos.

“El ministro ha dado instrucciones claras y precisas sobre el tema y estamos trabajando. El compromiso no es sólo del ministerio sino también de la institución  policial que tiene una apertura diferente” dijo y agregó: “se sigue trabajando y se ésta investigando el departamento.”.

La responsable de Trata de Personas indicó no poder dar más precisiones debido a la investigación en curso y que la “mayoría manifestó encontrarse allí por propia voluntad”.

En este sentido, la funcionaria destacó que todo aquel ciudadano que pueda aportar datos, debe hacerlo por las siguientes vías de comunicación: 0342 4619923 o tratadepersonas@santafe.gov.ar

Una alta demanda

En la reunión con los medios, el intendente Maximino destacó la alta demanda que impulsó la apertura del espacio.

“El 80% de las denuncias que se hacen en la Comisaría 13° son por abuso sexual o violencia familiar” dijo y puntualizó: “la idea es que el trabajo no muera con la denuncia sino que se continúe. La municipalidad va a ofrecer el trabajo del equipo interdisciplinario y espacio físico”.