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«Una inversión a futuro»

El intendente Maximino hizo declaraciones sobre la presentación que lleva adelante UCU, entidad que se opone al cobro del cargo fijo que se cobra para la construcción de una planta reguladora de gas.

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El intendente Maximino hizo declaraciones sobre la presentación administrativa que lleva adelante Usuarios y Consumidores Unidos. La entidad está fervientemente en contra del cargo fijo que se cobra para la construcción de una segunda planta reguladora de gas.
«Es una inversión a futuro» resumió el mandatario respecto al cargo fijo que desde fines de 2012 -y por el lapso de nueve bimestres-  se cobra en una factura adjunta a la que emite Firmat Gas, por el servicio prestado.
«Es una obra necesaria para garantizar el servicio de gas en el futuro para los usuarios actuales» remarcó y destacó que «no hace falta ninguna autorización de Litoral Gas porque es algo que va por afuera de la factura«.
«La obra está habilitada por el ENARGAS y el Concejo mediante una ordenanza» recordó y aclaró: «lo cobra Firmat Gas pero está destinado a que la Municipalidad haga la obra«.
La normativa que establece la incorporación del cargo fijo fue aprobada por el Concejo -por unanimidad- en los primeros días de noviembre del año pasado.

Según la legislación, el monto recaudado será utilizado para la conclusión de la planta reguladora número dos. Los usuarios pagarán de acuerdo a su consumo, según una escala que va de los 25 a los 80 pesos.

Además establece un límite de nueve bimestres para aplicar el cargo.

Desde la aprobación, la delegación local de Usuarios y Consumidores Unidos sostiene que la norma es “inconstitucional”.

En febrero, mediante una carta enviada al Concejo, más de 250 vecinos dejaron sentada su posición de no abonar el monto incorporado a la factura del servicio de gas.

En abril, los ediles reformaron la ordenanza para incorporar un artículo que establece descuentos para los jubilados que ya gozan del mismo beneficio en la Tasa General de Inmuebles.

A principios de esta semana,desde UCU anunciaron el inicio de acciones administrativas -paso previo a acciones legales- contra el Estado local y el Concejo.

Foto: Lisandro Carrobé.

 

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