El gobernador Bonfatti anunció la “aprobación de la ley de Emergencia en Seguridad con vetos parciales y propositivos” y agradeció a los legisladores “que tienen una actitud de sumar, de dar respuestas y ayudar”.

El gobernador Antonio Bonfatti anunció  la “aprobación de la ley de Emergencia en Seguridad con vetos parciales y propositivos, no por disidencia con la ley en sí misma, sino porque no podemos admitir que la división de poderes sea vulnerada” señaló.

Asimismo, se dieron a conocer “nuevas propuestas para seguir avanzando en la reestructuración” de la Policía.

“Hemos expresado en muchísimas oportunidades desde el inicio de la gestión que este es un tema que tenemos que abordarlo en forma conjunta entre el Estado, las distintas instituciones de la sociedad civil, y la propia comunidad; y que indudablemente hay que abordarlo desde sus causas y desde sus consecuencias. Cuando hablamos de las causas decimos siempre la desigualdad, la ruptura de lazos sociales y familiares, y la pérdida de identidad, fundamentalmente de los grandes núcleos urbanos, Rosario y Santa Fe, donde las personas son más anónimas y no hay tanta estrechez de vínculos, el tema de la seguridad se percibe con mayor preocupación”, precisó y señaló: «tal vez cuando uno recorre el interior, pequeños pueblos y ciudades, la situación es diferente, aunque a nadie escapa que también hay una sociedad donde se ha acrecentado enormemente el consumo, donde se piensa más en tener que en ser”.

En este sentido, indicó que “nosotros hemos abordado el tema de las causas tratando de fortalecer aquellas debilidades y apuntalando aquellos barrios que en las grandes ciudades están identificados como los lugares con mayor violencia urbana. Aunque en alguna medida hay que trabajar y trabajamos en todo el ámbito de la provincia de Santa Fe. Cada uno de los ministerios que integran el Gabinete tiene tareas de responsabilidad en el sentido de actuar sobre los sectores vulnerados, para satisfacer derechos y para establecer vínculos y lazos de convivencia”.

Por último,  se refirió a la “herramienta que nos ha dado la legislatura provincial, que tiene que ver con la ley de emergencia. Esta ley por sí misma no modifica la realidad pero nos posibilita poder abordar con más celeridad y a veces con menos burocracia”.

“Habiéndola leído en profundidad son muy pocos los puntos en los cuales no tenemos coincidencia, pero la ley en sí misma nunca puede vulnerar las normas de la Constitución, no puede una ley estar vulnerando las facultades competentes tanto de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, indicó y agregó: «por lo tanto, vamos a proceder a vetar, pero no por disidencia con la ley en sí misma, sino porque no podemos admitir que la división de poderes sea vulnerada”.

A su turno, Lamberto detalló las “medidas que constituirán las bases para una seguridad democrática. El proceso que debemos iniciar debe ser progresivo, ordenado y consensuado, pero sin duda debe dar surgimiento a una nueva realidad tanto en la institución policial, como en materia de políticas de seguridad”.

“Ocho puntos, con medidas concretas que vamos a iniciar, a los efectos de la implementación de esta seguridad democrática, que vemos reclamada en opiniones políticas y por personalidades técnicas en materia de seguridad; y que creo que son las bases que hoy debate no solamente la provincia de Santa Fe sino muchas de las instituciones de la República Argentina”, indicó.

La primera medida es la “reorganización de la policía en unidades territoriales más pequeñas, que permitan un mayor control político de la fuerza; una mejor adaptación del trabajo policial a las problemáticas específicas del lugar; y un mayor control y participación por parte de las autoridades locales y de la comunidad”, enumeró.

“La constitución de un Cuerpo Táctico Único Provincial de Operaciones diseñado a los efectos de su participación como apoyo a las fuerzas territoriales o participación ante situaciones especiales o de emergencia; y Organización de la Dirección Provincial de Investigaciones, altamente profesionalizada, en el marco de las nuevas exigencias investigativas, que se implementan para la policía de la provincia con el nuevo Código Procesal Penal”, precisó.

“Responsables distritales de seguridad, a fin de lograr una integración operativa en el territorio de los niveles de conducción y ejecución de la fuerza en sus funciones de prevención y represión del delito; y la participación ciudadana, a partir creación de mecanismos institucionales que permitan la intervención de la comunidad en el diseño y el control de la ejecución de los programas específicos de seguridad; y la selección de las autoridades policiales locales”, indicó.

“Mayor injerencia de los gobiernos locales, a fin de optimizar la planificación territorial de los programas de seguridad; y potenciar estratégicamente la utilización de los recursos materiales y humanos en los distintos niveles de gobierno”, detalló.

Lamberto también anunció que las áreas de personal, logística, y gestión de los sumarios administrativos dependerán directamente del Ministerio de Seguridad, “como mecanismos de profundización en el control político de la fuerza”.

Asimismo, destacó que “está en trámite y a la firma el decreto reglamentario por el cual se pondrá en plena y efectiva vigencia el régimen de ascensos y concursos previstos en la ley (12.521) garantizando de esta manera el principio constitucional de idoneidad. El objetivo es jerarquizar al personal policial, valorando los esfuerzos en la capacitación y profesionalización dentro de las fuerzas que le permita obtener mejores condiciones de méritos las que se valorarán en los concursos públicos de antecedentes y oposición por los jurados que se integran (para los más altos niveles-dirección) con un funcionario del Ministerio de Seguridad, un policía de dirección de jerarquía superior a la del postulante a propuesta del Jefe de Policía, un representante del Ministerio de Educación, un representante del Poder Judicial designado por la Corte Suprema de Justicia, un representante de la Secretaría de Derechos Humanos y un representante del personal policial en actividad elegido entre sus pares por el sistema de voto, igual, universal, secreto y obligatorio”.

“El gobierno de la provincia de Santa Fe, afianzando su compromiso con la transparencia, hará entrega formal al Instituto Provincial de Estadísticas y Censo, para su posterior publicación, de los datos referidos a los hurtos y hurtos calificados, robos y robos calificados, sustracción de motovehículos y sustracción automotores, secuestro de armas de fuego, heridos de arma blanca y de fuego y homicidios dolosos; registrados por Unidad Regional y por mes en los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Los datos que se brindan respetarán y profundizarán el nivel de información previo a 2007 a fin de que se pueda establecer una comparación. Sin embargo, se han sumado categorías delictuales y se han dividido otras a fin de que sea posible verificar la evolución de las tendencias y su relación a lo largo del tiempo con mayor nivel de detalle”, dijo y acotó: «está a la firma la resolución ministerial, por la cual se conforma una Comisión ad hoc inicial y preparatoria de una Comisión Especial previa a la constitución definitiva del Comité de Salud y Seguridad Laboral; tendiente a elaborar los programas y acciones de prevención que mejoren las condiciones y medio ambiente laboral del personal de las fuerzas de seguridad (policial y penitenciario), que respete los estándares mínimos de protección y exigencias básicas para las buenas prácticas de salud y seguridad en el ámbito laboral. Posibilitando la participación, el debate y elaboración de políticas laborales que garanticen la prevención de accidentes y enfermedades del trabajo. La progresividad de la tarea obedece a las dimensiones y particularidades propias del Ministerio de Seguridad”.

“Establecimiento de una sanción administrativa específica en caso de justificación insuficiente de aumento patrimonial. Para hacer más eficiente la tarea de control, vamos a establecer una falta administrativa autónoma que implique que aquel funcionario policial que no justifique administrativamente su crecimiento patrimonial en los términos de la ley 12.238 sea pasible de las sanciones que para faltas graves establece la ley de Personal Policial”, puntualizó.

“Se establecerá un sistema de gestión y otorgamiento de las carpetas médicas y las licencias de larga duración del personal policial. El Poder Ejecutivo dispondrá lo conducente para que las mismas sean resueltas directamente por la Dirección de Higiene y Salud del Trabajador dependiente del Ministerio de Salud de la provincia o por otro organismo o entidad con quien esta celebre convenio, la que actuará bajo su dirección y supervisión”, detalló y cerró: «constitución de un equipo multidisciplinario de contención del personal policial y su familia, víctima de accidentes vinculados a su labor, o que participe en enfrentamientos armados o en operativos con uso de violencia”; y por último “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reglamentará el otorgamiento de constancias administrativas que hoy realiza personal policial, que no se trata de sus funciones específicas, tales como constancias de extravío, certificados de vecindad, abandono de hogar, entre otras”.