El intendente denunció una operación política detrás del conflicto con las barrenderas. Negó que haya habido suspensiones y retraso en los pagos.

Luego de más de 15 horas de piquete y un día cargado de reuniones y tensiones, el conflicto entre el Estado local y las barrenderas parece haber llegado a buen puerto.

Al acuerdo entre las partes se arribó luego de una extensa jornada que incluyó piquete, quema de gomas y reuniones entre cada una de las manifestantes con miembros del gabinete municipal.

Si bien dichas reuniones -en las que se analizó por separado cada uno de los casos- se extendieron hasta las 21, la disolución de la protesta se produjo pasado el mediodía.

Por la noche, el personal trabajó en forma normal.

En la mañana del viernes, el intendente Maximino junto a los secretarios Diego Bullorini (Finanzas); Carolina Mestre (Gobierno) y Claudio Garziera (Servicios Públicos) brindó una conferencia de prensa en la que dio su versión acerca de lo sucedido en las últimas semanas.

Tras una reseña del origen del conflicto hasta los hechos del miércoles, Maximino aseguró que existen “interferencias políticas” detrás del mismo.

Según dijo, las sospechas surgieron por distintos movimientos detectados durante la jornada de ayer y por el testimonio de algunas trabajadoras.

“De comprobarse, lo primero que haremos será ir a la justicia” aseveró.

“Es todo muy lamentable y quedó corroborado en las entrevistas” manifestó.

Sobre el porqué de la protesta, el mandatario mencionó la reestructuración en la grilla de trabajo, que se dio desde principio de año y que surgió a raíz de numerosas quejas de vecinos -corroboradas por Servicios Públicos- por deficiencias del servicio.

En algunos casos, los nuevos controles implicaron cambios en la asignación y cantidad de zonas de trabajo, motivo que habría despertado el malestar de algunas barrenderas.

Además, el intendente dijo que la mayoría de las trabajadoras -enmarcadas dentro de la Ordenanza 1020 del Programa de Ayuda Municipal- no ve con buenos ojos la propuesta de regularizar -a lo largo de 2013- la situación laboral de 13 mujeres.

En este sentido, el secretario de Finanzas, Diego Bullorini remarcó que “hay una alta resistencia al trabajo formal”.

“Esto tiene varios motivos como las formalidades que implica estar dentro de una registración con el cumplimiento de pautas de trabajo y carga horaria” precisó y agregó: “también hay algo que se opone notoriamente y debería ser materia de revisión de parte del gobierno nacional que es la asignación universal por hijo”.

“Registrar a una persona implica la pérdida automática de la asignación -que, en algunos casos, representa unos 2.000 pesos mensuales- y eso genera resistencia” opinó.

Por su parte, Maximino desmintió enérgicamente los dichos de las mujeres que aseguraban que hubo despidos y retraso en los pagos.
“No se suspendió ni se dejó de pagarle a nadie” subrayó.

Cerrando la extensa conferencia, las autoridades dijeron que el conflicto está solucionado y que las trabajadoras entendieron la nueva modalidad de trabajo que implica el pago de 300 pesos semanales por zona por persona.