Representantes de la planta de almacenaje de granos ubicada en bulevard Colón y Balcarce -propiedad de Owen Eleazar Reginaldo Tossounian por compra en comisión de Burkey SA- se reunieron con los concejales para manifestar su oposición a la ordenanza 494, sancionada en 1988, que establece que las cerealeras deberán abandonar el ejido urbano firmatense antes del 31 de mayo de 2013.

En el encuentro -en el que participaron los ediles Sergio Stampone, Raúl Quevedo y Gabriel Grivarello- los letrados de la firma aseguraron que existen objeciones a la normativa y que, de acuerdo al texto de la misma, la planta no debería ser reubicada.

Además, dijeron que tanto el actual dueño como el anterior, desconocían la ordenanza. “Dicha resolución llegó a nuestro poder por nuestros propios medios y de ningún modo ello puede interpretarse como una notificación de la misma”.

Las objeciones

La principal objeción que la firma plantea está ligada a la ubicación geográfica de la planta la cual consideran que “en ningún modo debe ser obligada a una reubicación”.

En este punto, se basan en el texto de la normativa que especifica “los inconvenientes que ocasionan las plantas almacenadoras de granos que por imperio del tiempo y de la falta de legislación adecuada han quedado ubicadas en el centro de la ciudad (…)”

“Con sólo mencionar que la planta no se encuentra en el centro de la ciudad, basta para afirmar que la misma no está ni nunca lo estuvo, alcanzada por los efectos de aquella ordenanza pueda tener” afirman y van más allá indicando que “según edificación de la época”, “la planta ni siquiera se encuentra dentro de la denominada planta urbana”.

Pedido de indemnización

“En caso de que el municipio persista en la interpretación equivocada de reubicar a la planta con fundamento en la resolución 494, esta parte se verá obligada a interponer las acciones judiciales pertinentes contra el municipio en miras de resguardar sus derechos constitucionales” aclaran y agregan: “dicha indemnización, que será reclamada al municipio en sede judicial hasta la última instancia, incluirá todos los gastos de desmontaje, traslado, rearmado, puesta en marcha, valor del terreno dentro de la nueva zona indicada y lucro cesante por los días no laborados”.

La propuesta

En su presentación, los representantes de la cerealera dejaron en claro que “el interés de esta parte es, y siempre fue, seguir operando la planta en forma pacífica y armónica tanto con el municipio como con los vecinos, evitando cualquier conflicto que pudiera suscitarse”.

Por ese motivo, presentaron una propuesta que “evitaría generar mayores perjuicios a ambas partes”.

“Solicitamos al municipio se nos otorgue una prórroga por el plazo de siete años para seguir operando la planta”, “como contrapartida, está parte está dispuesta a tomar algunas medidas en beneficio del municipio de Firmat y sus vecinos” expresan y enumeran: “se dejará de utilizar la planta para el acopio y secado de maíz (que es precisamente el grano que ocasiona una pequeña borba no tóxica y que se encuentra controlada desde hace varios años) y continuar la actividad únicamente con el grano de soja, que no causa desprendimientos ni molestias de ningún tipo”; “esta parte renunciará en forma expresa al inicio de toda acción tendiente al cobro de cualquier indemnización por parte del municipio”; “una vez finalizado aquel plazo, se desarrollará dentro del inmueble un proyecto inmobiliario acorde con todos los estándares ambientales existentes y cuya terminación incrementará enormemente en valor de la zona en favor de los vecinos del barrio. Las obras principales a realizarse en el terreno serán las siguientes: desmontaje total de las instalaciones correspondientes a la planta; loteo urbanístico del terreno; otorgar una traza a convenir destinada al municipio para la posible apertura de una calle que comunique entre sí los barrios lindantes; plantación y/o movimiento de árboles con el fin de que la zona tenga una apariencia residencial”.

No obstante, aclararon: “la prórroga aquí solicitada a cambio del loteo urbanístico se encuentra sujeto a que el organismo nacional que en su caso corresponda, y/o los organismos provinciales, aprueben y habiliten nuevamente el funcionamiento de la planta durante el plazo de la prórroga”.

La historia de la planta

Según relatan los representantes de la empresa, la misma se encuentra en funcionamiento “desde hace más de cuatro décadas”, “habiendo estado ubicada siempre en el mismo terreno”.

“En los primeros años, el inmueble era propiedad del Estado nacional pero todas las instalaciones internas ya pertenecían a los anteriores dueños. Luego, en el año 1990, y en el marco de la ley 19.076, el Estado nacional donó a Irurzun SA a través de un primer convenio, el inmueble donde se encuentra establecida la planta. En el año 1996, ambas partes firmaron definitivamente la correspondiente escritura de transmisión de la propiedad. En el año 2006, la propiedad de dicho inmueble fue adquirida por Owen Eleazar Reginaldo Tossounian, continuando desde entonces y hasta la fecha con la actividad que allí se viene desarrollando desde hace varias décadas con total normalidad, es decir, el acopio de granos” narran.

La ordenanza 494

La ordenanza -aprobada por Concejo Municipal el 10 de mayo de 1988- dispone un plazo de 25 años para que las plantas cerealeras ubicadas en la zona urbana de Firmat se trasladen fuera de dicha área.

El proyecto fue iniciativa del edil Jorge Basté y contó con el respaldo de sus pares José Perera, Matilde Cera de Rustichelli, Hugo Zenteno, Daniel Bardavid y Adalberto Oriolani.

AFA, la otra cerealera afectada por la normativa, inició hace tiempo su traslado hacia un predio ubicado en jurisdicción de Miguel Torres.