El Ejecutivo vetó totalmente el Presupuesto 2012 y parcialmente la Ordenanza Fiscal Tributaria. El Concejo deberá ratificar o rectificar su postura.

En conferencia de prensa, el intendente Maximino y el secretario de Finanzas, Diego Bullorini, anunciaron la presentación de un decreto que establece el veto tota del Presupuesto 2012 y parcial de la Ordenanza Fiscal Tributaria.

El anuncio fue realizado en la intendencia y contó con una detallada explicación por parte de Bullorini, de los fundamentos que llevaron a tomar la decisión.

Con esta medida, ambas normativas deberán volver al Concejo y los legisladores tendrán que ratificar o rectificar su postura inicial.

De mantener la iniciativa tal como fue aprobada, quedaría firme la decisión de los ediles. En caso contrario, se trabajaría –en los puntos vetados- con la Ordenanza Fiscal Tributaria del 2011.

Respecto al Presupuesto, el mismo fue vetado en forma total con el argumento de que la reducción de los ingresos “no fue acompañada con la consiguiente reducción de los gastos”, originando un desequilibrio fiscal.

En este aspecto, los funcionarios destacaron el aumento de la partida “fondo de reserva”, por la suma de 200.000 pesos.

Esto, según explicaron, es contrario a lo expresado en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades que establece que “en ningún caso el presupuesto votado podrá aumentar los sueldos y gastos proyectados por el departamento Ejecutivo; tampoco podrá aumentar o incluir partidas para la ejecución de ordenanzas especiales”.

De la Ordenanza Fiscal Tributaria, los puntos observados son los referidos a la aplicación de intereses resarcitorios; diferenciación de aumento de tasa en los inmuebles urbanos; reducción de la tasa por hectárea para inmuebles rurales; sobretasa por baldío; conceptos adicionales a la tasa y vencimiento de la tasa rural.

Tras su extenso análisis, Bullorini concluyó en que “el impacto presupuestario por disminución de los recursos previstos y aumentos de los gastos presupuestados asciende a la suma de 1.083.443 pesos, incluidos los 200.000 en los que se aumentó el gasto”.

El texto del decreto plantea que “esta situación además está expresamente prohibida por la Ley de Municipalidades, provocando un notorio desequilibrio financiero en la administración”.

Entre otras cuestiones. El Ejecutivo denunció una “evidente intencionalidad política de desfinanciar a la nueva gestión municipal a través de una actuación del Concejo tendiente a provocar un desequilibrio financiero”. Además, los funcionarios hablaron de un cierto desconocimiento de algunos temas por parte de los ediles justicialistas.

“El legislativo local pretende arrogarse funciones ejecutivas” manifestaron.

El decreto con el correspondiente veto fue girado al Concejo este martes por la mañana y sería tratado en los próximos días.