Se realizó la primera reunión del año de la Junta de Seguridad Urbana y Rural. Vecinos, autoridades, legisladores, funcionarios y auxiliares de justicia debatieron sobre los últimos hechos de inseguridad.

Una gran cantidad de vecinos participó, en la noche del viernes, de la primera reunión del año de la Junta de Seguridad Urbana y Rural.

La cita fue en el hall municipal y contó con la presencia de autoridades municipales y provinciales; legisladores locales y de la Provincia; el Juez de Instrucción de Melincue, Dr. Leandro Martín; el fiscal Jorge Pozzi; el responsable de la Unidad Regional Vll de Policía; los titulares de las comisarías 4° y 13°; el jefe de Drogas Peligrosas y el sub jefe de la Brigada Pumas.

Pra comenzar, hubo una introducción en la que el intendente Maximino destacó la importancia de la convocatoria y habló, entre otras cuestiones, sobre las distintas herramientas y dispositivos que el Estado local fue implementado a través de los años en materia seguridad. Tras eso, los vecinos tomaron la posta e hicieron varias preguntas y reclamos a los diferentes actores que intervienen en la temática.

Si bien los vecinos plantearon cuestiones relacionadas a la inseguridad en general, la reunión giró en torno a la comercialización de drogas en la ciudad; la inverosimilitud de algunos allanamientos por parte de las fuerzas policiales y  los últimos hechos de violencia relacionados con la golpiza que sufrió Jorge Abraham, el pasado 31 de marzo.

El Juez de Instrucción de Melincué, Dr. Leandro Martín y el fiscal Jorge Pozzi aclararon que su órbita contempla la esfera de la Justicia ordinaria y que los delitos relacionados con drogas no pertenecen a su competencia ya que son del ámbito federal. Si embargo, se pusieron a disposición de los presentes y hablaron sobre cuestiones ligadas a la incidencia del delito.

Sobre la causa abierta a raíz del hecho acontecido el 31 de marzo, el fiscal hizo un detallado recorrido por el prontuario penal de uno de los imputados que, al momento de la golpiza, se encontraba condenado a una pena de tres años de ejecución condicional. Según explicó Pozzi, los últimos sucesos fueron informados al juzgado que dictó esa sentencia a fines de 2011 por lo que estimó que ahora la pena pasaría a ser de cumplimiento efectivo. No obstante, indicó que, con la transición actual del sistema penal, el imputado estaría purgando una pena de 8 meses.

Respecto a la demora en la captura de uno de los imputados que se hallaba prófugo, Pozzi aseguró que el pedido de una orden de allanamiento y captura  por parte de la policía llegó al juzgado el martes 3 de abril a las 10 de la mañana y que la misma salió emitida a las 13 y 15 del mismo día.

De esta forma, el funcionario deslindó responsabilidades sobre las autoridades policiales locales por la demora. Tras esta confirmación, un familiar del hombre agredido pidió al comisario Delavalle que explique porqué la solicitud no fue realizada con más celeridad.

El responsable de la comisaría 4°  brindó las explicaciones pertinentes y aseguró que la fuerza policial no recibió colaboración de parte de los vecinos denunciantes.

Luego de algunas palabras y acusaciones cruzadas entre el uniformado y los vecinos, el eje de la reunión derivó en la comercialización de drogas y los últimos allanamientos realizados.

Daniel Moreyra, de Drogas Peligrosas, defendió la legitimidad de los cuestionados allanamientos y aseveró que los mismos fueron resultado de varios meses de investigación y preparación del operativo. En ese sentido, sin revelar demasiados detalles por el secreto de sumario, confirmó que los investigados en esos domicilios  están enmarcados dentro de una organización más amplia. Además, confió en que “aunque cueste más”, “el principal investigado va a ser detenido”.

En este punto, el ex diputado y actual sub secretario de Asuntos Legislativos, Gabriel Real, denunció connivencia entre cierto sector de la policía y del sistema judicial como causa del fracaso de algunos operativos.

Los concejales Sacnun, Quevedo y Sergio Stampone hicieron algunas intervenciones. Sacnún habló de “ficción jurídica” en cuanto a la primera sentencia que recibió uno de los implicados en la golpiza de fines de marzo. También se puso a disposición para los trabajos legislativos que puedan permitir arribar a determinadas soluciones. Quevedo preguntó sobre la confección del mapa del delito anunciado por el Ejecutivo; pidió la adhesión de la Provincia a la ley 26.052 y el funcionamiento del destacamento policial de Barrio Centenario durante las 24 horas del día. Por su parte, el presidente del Concejo tomó la palabra a pedido de la secretaria de Protección Ciudadana, Silvia Rocha, quien lo interrogó acerca de los dichos vertidos por su persona en distintos medios de comunicación acerca de que tenía la solución para mejorar la ciudad “en dos meses”. En este sentido, Stampone manifestó su descontento por el funcionamiento de algunas herramientas tales como la Patrulla Urbana y la propia reunión de la Junta que, según dijo, no sirve ya que los presentes van para “hacer catarsis” y que la misma está hecha para que “el Ejecutivo tape temas graves”. Un grupo de personas se enojó por estas palabras y volvió a reclamar soluciones.

Uno de los últimos oradores fue el diputado provincial Maximiliano Pullaro quien exigió que las autoridades nacionales arbitren los medios para la creación de un juzgado federal en el departamento Gral. López. El joven legislador celebró las propuestas responsables hechas desde varios sectores y fue ampliamente aplaudido por el público.

Un vecino cuyos padres fueron recientemente asaltados y el ex concejal Altamirano le reclamaron a Escajadillo por la concreción de un plan estratégico provincial en materia seguridad. El secretario de Seguridad habló sobre los lineamientos de la gestión Bonfatti y se ofreció a visitar la ciudad semalmente para trabajar en posibles soluciones.

Cerrando el encuentro, el intendente contó que esa mañana envió una carta a la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, para solicitarle la presencia de Gendarmería. En el mismo sentido, indicó que el pedido también fue remitido al ministro de Seguridad de la Provincia, Leandro Corti, quien la próxima semana se reunirá con la funcionaria nacional.

Más problemas

Un álgido momento se vivió cuando un matrimonio contó los problemas que viene teniendo desde hace varios meses con las personas que habitan la casa contigua, en la que funcionaría un “aguantadero”. Según dijo la mujer, la misma persona que participó del hecho del 31 de marzo, ingresó a su casa con fines de robo, el lunes 2.  Según confirmó el propio juez Martín, la denuncia que la mujer asentó ese día en la comisaría 13, nunca llegó al Juzgado. La situación despertó el enojo de muchos vecinos quienes manifestaron sus dudas respecto a la importancia de denunciar o no los hechos.

La falta de un lugar –en la  órbita estatal santafesina- en el que se puedan alojar menores y mayores con graves problemas de adicción, es un viejo reclamo que se repitió en boca de distintos actores.

El contacto cara a cara con los funcionarios y autoridades propició que los vecinos denuncien varias irregularidades. La respuesta del Juez de Instrucción fue pedir que todas las personas que sepan algo sobre alguna causa, se dirijan a hablar con él ya que se definió como “un juez  abierto a hablar con cualquiera que se acerque”.