En trabajo de comisión, los concejales recibieron a vecinos que exigen el cumplimiento de la Ley  que regula el servicio de agua. Luego, a autoridades del CEF que acompañaron el pedido de un asociado.

El martes por la noche, los concejales mantuvieron dos reuniones de comisión. A las 19 y 30 horas, fue el turno de Miguel Arrieta y José Alustiza, dos vecinos que exigen el cumplimiento –por parte de la empresa Aguas Santafesinas- de la Ley n° 11.220, que regula la prestación del servicio y establece, entre otros puntos, las formas, modalidades, alcances y procedimientos para llevar a cabo la transformación del sector público de agua potable, desagües cloacales y saneamiento.

El planteo de los vecinos es por el cobro de los servicios de agua y cloacas para frentistas no conectados.

Luego de detallar los vaivenes en todos sus años de lucha, Arrieta y Alustiza pidieron a los ediles su apoyo para exigir que la empresa estatal cumpla, por un lado, con lo establecido por la normativa vigente y, por otro, con un fallo de la Fiscalía de Estado quien, en 2008, les dio la razón en su reclamo.

Al término de ese encuentro, los legisladores se entrevistaron con integrantes de la comisión directiva del Centro Económico de Firmat.

Roberto Bianco, Claudio Prunello y Oscar Molineris –en representación de la institución intermedia- se hicieron presentes junto a Rogelio Albert para acompañarlo en un pedido como empresario y asociado.

El pedido de reunión realizado por  Albert –propietario de la semillera ubicada en ruta provincial 93, entre Los Lapachos y Del Jacarandá- se originó luego de que el municipio no se expidiera en cuanto a la aprobación de planos que presentó para una ampliación de su planta, dentro del predio de su propiedad.

Según detalló el empresario, la carpeta con los planos no habría sido tratada por el responsable de Obras Privadas sino que habría sido remitida al área de Planeamiento Urbano.

Desde la flamante repartición, los arquitectos a cargo, le habrían dicho que no podían autorizar dicha ampliación hasta no obtener un relevamiento integral de la ciudad, cosa que llevaría un año de trabajo.

El empresario fundamentó su queja en dos grandes planteos.

En primer lugar, la vigencia de la Ordenanza 1091, la cual establece que su predio está ubicado en zona destinada a cerealeras, motivo que no ameritaría ninguna autorización extra para realizar la obra.

En segundo lugar, Albert dejó sentado que su apuro está fundado en que, si en los próximos días, no obtiene la aprobación de los planos para construir una planta de clasificación de  última generación, la multinacional Monsanto –la cual configura el 85% de su facturación- le estaría quitando la licencia para seguir comercializando sus productos.

En este sentido, los concejales coincidieron que el problema de raíz está provocado por las falencias que implica no contar con un plan estratégico y la consecuente inseguridad jurídica que el mismo conlleva. En ambas reuniones estuvieron ausentes los ediles Sergio Stampone (Corriente Renovadora) y Gabriel Grivarello (Frente Progresista)