“Fue un esfuerzo de los tres poderes del Estado y también de aquellos que durante tantos años soñaron con un cambio en el sistema procesal penal de la provincia”, dijo esta mañana el gobernador Antonio Bonfatti al ponerse en marcha la nueva justicia penal de Santa Fe, que comenzó a regir en forma plena en toda la provincia.

El modelo inquisitivo, escrito, caracterizado por la centralidad del expediente, queda archivado, definitivamente, en un pasado donde abundan imágenes de una justicia lejana e inaccesible. El nuevo sistema, en cambio, es oral y público en todas sus instancias (no sólo en el juicio). El proceso está a la vista de las partes y de la sociedad, lo que determina una justicia más ágil, transparente, cercana y, sobre todo, más comprensible y humana.

Al respecto, el mandatario santafesino señaló que su puesta en marcha “es un hito fundamental“ y destacó “la confluencia del Poder Legislativo sancionando las normas y leyes necesarias; el Poder Ejecutivo con el presupuesto y la parte de la infraestructura y la tecnología; y obviamente el accionar del Poder Judicial”.

“Hay un cambio de sistema -continuó- que más allá de la oralidad, transparenta el accionar de los jueces, todos los juicios van a ser públicos” y adelantó que “hoy se presentaron los primeros casos en Rosario”.

En cuanto a los pasos que se deben seguir, Bonfatti señaló que “ante un hecho ocurrido y denunciado, hay un fiscal que actúa acusando y siguiendo una investigación, con una policía a su disposición, a su vez hay un defensor junto al imputado, y un juez que lo único que tiene que hacer es resolver. Y obviamente una administración de la justicia de profesionales que no son abogados, que en la Oficina de Gestión Judicial distribuyen la labor diaria de todos los jueces en cada una de las cinco regiones”.

El gobernador pronunció estas palabras en el salón de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, ubicado en los Tribunales de Santa Fe, donde fue recibido esta mañana por la Corte en pleno: su presidente, Rafael Gutiérrez, los ministros Roberto Falistocco; Daniel Erbetta; Eduardo Spuler; María Angélica Gastaldi y Mario Netri, y el procurador Jorge Barraguirre. También participaron del encuentro los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis; de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi; y de Seguridad, Raúl Lamberto; el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo; el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal; el fiscal de Estado, Pablo Saccone, el secretario de Justicia, Mariano Candioti; y la secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales, María Cecilia Vranicich, entre otras autoridades de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

Tras el encuentro, las autoridades recorrieron las nuevas salas de audiencias y Oficinas de Gestión Judicial, ubicadas en el subsuelo del edificio.

Diálogo y consenso

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, destacó “el acompañamiento del Poder Legislativo para poner en funcionamiento el nuevo proceso penal”. “Han estado acordes a los tiempos; y quiero resaltar el diálogo, el consenso desde la asunción del gobernador Bonfatti, que es lo que ha llevado a esto, y de los tres poderes del Estado, cada uno en su función, también de los magistrados, de los funcionarios y de los nuevos institutos creados, como el Ministerio Fiscal”, expresó el magistrado.

“Todo va en camino a que este nuevo proceso penal va a acortar los tiempos. El otro sistema que queda vigente para la resolución de causas es un sistema residual, este es un paso adelante en calidad y también cuantitativo”, finalizó Gutiérrez.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, dijo que el nuevo sistema “significa un cambio de mentalidad profundo”. Y afirmó que desde la Legislatura “hemos acompañado siempre y con la mayor diligencia posible porque creemos que la oralidad es un avance en lo que hace a la eficacia de la justicia y a la transparencia”.

El nuevo enjuiciamiento

En el nuevo enjuiciamiento penal, la víctima de un delito o sus familiares, convidados de piedra en el sistema anterior pues no eran parte del proceso, pasan a ocupar el centro de la escena, porque pueden convertirse en querellantes y recibir respuestas más rápidas y acordes a sus necesidades. Otra novedad es que los fiscales se encargan de investigar y los jueces sólo tienen por obligación resolver, en función de las pruebas y elementos aportados por el Ministerio Público de la Acusación y la defensa.

Este histórico cambio reconfigura por completo la justicia de Santa Fe, poniéndola en consonancia con los principios que contiene la Constitución Nacional y los tratados internacionales. “De esta manera se salda una vieja deuda y se cumple con una asignatura pendiente que el Poder Ejecutivo asumió como política de Estado para articular con el resto de los poderes”, indicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis.

Ahora todo el proceso se desarrolla públicamente, a la vista de las partes y de la ciudadanía en general. El secretismo del sistema escrito deja lugar a la transparencia y la lentitud del expediente es reemplazada por la agilidad de la oralidad y por nuevos procedimientos administrativos. Las personas pasan a ser protagonistas. “Esta transformación implica un profundo cambio cultural, un nuevo paradigma y una nueva distribución del poder”, señaló Lewis, al frente del Ministerio que ha sido órgano de implementación de la reforma. “Constituye una de las transformaciones institucionales más grandes en la provincia desde el retorno a la democracia”, subrayó el ministro.

Adhesiones

Entre otros apoyos institucionales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia del Chubut expresaron su adhesión a la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal en la provincia de Santa Fe.

Desde el INECIP destacaron su importancia “para la democratización de la administración de justicia al terminar con el viejo modelo inquisitivo” e hicieron hincapié en que el nuevo sistema “posibilitará una mayor agilidad y efectividad en la toma de decisiones, eliminando la burocratización judicial, el secretismo y la delegación masiva de funciones en secretarios y empleados”. Asimismo, la nota de adhesión del prestigioso instituto señala que “el nuevo código procesal penal involucra una reforma integral que, además de representar un cambio normativo, plantea transformaciones sumamente profundas en las estructuras institucionales, formas organizativas y define claramente los roles y funciones de los futuros operadores, lo cual implica un gran reto, que es el cambio cultural en el quehacer cotidiano en la administración de justicia”.

Por su parte, el defensor General Alterno de la Provincia del Chubut, Jorge Benesperi, señaló que el histórico cambio “supone un importante avance hacia la consolidación de instituciones propias de una República”. El funcionario de la provincia de Chubut agregó que “queda atrás un sistema de enjuiciamiento penal arcaico, secreto y arbitrario, alejado de sus verdaderos destinatarios: los ciudadanos y las ciudadanas” y consideró que el nuevo sistema “se coloca a la cabeza de los procesos desarrollados en el resto de nuestro país”.

Foto: El gobernador Bonfatti junto a autoridades y miembros de la Corte Suprema de Justicia al recorrer las nuevas salas de audiencia. (Secretaría de Comunicación Social Pcia)