El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó este viernes una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre el acuerdo alcanzado con el Estado nacional respecto al pago de la deuda por indebidas deducciones de fondos coparticipables.

“Este es un hecho muy importante y trascendente para nuestra provincia, para su historia institucional, de valía en la coordinación política en el paso del tiempo y de los distintos actores políticos”, dijo el gobernador en Casa Gris.

Perotti sostuvo que “teníamos un compromiso en la campaña de trabajar para el cobro de esta deuda, compromiso que le trasladamos y que asumió el presidente de la Nación en su momento, las negociaciones y las conversaciones siempre estuvieron abiertas”.

En ese sentido, recordó los intentos por el acuerdo fiscal del gobernador Lifschitz con el gobierno de Macri. “La provincia hizo una presentación pidiendo una actualización de la deuda utilizando la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Con esa tasa podríamos ponernos de acuerdo porque la Nación planteaba, en esta instancia, que la actualización debía hacerse por la tasa que había pedido la provincia de Santa Fe. Pero esa tasa es inferior, y era inferior, a la que por el fallo había obtenido San Luis en la Corte”.

Y continuó: “Nuestro planteo fue, es esta tasa o esperamos el fallo. Y claramente esperamos el fallo. Porque no es un dato menor la diferencia de tasa. Algunos hacen números de cuánto debería estar. La diferencia de haber podido tener un acuerdo más rápido hubiese sido, a hoy, una actualización inferior en 60.000 millones de pesos”.

DEFENDER LOS INTERESES DE SANTA FE
El gobernador expresó que “la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe los tenemos resguardados, claramente. Se esperó y se trabajó; el fiscal, mes, mes por medio, generando una presentación ante la Corte, pidiendo que se establezca el mecanismo de actualización. La provincia trabajó detrás de eso y entendemos que Nación tenía en esto un elemento donde la misma provincia había pedido en otro tiempo la liquidación sobre una tasa, y le era más conveniente a la Nación esa tasa. A la provincia le era más conveniente el fallo y eso fue lo que nosotros esperamos”.

«Claramente allí, no podríamos haber resuelto ese tema antes. Pero también San Luis lo resolvió antes porque no fue un acuerdo y no generó un acuerdo dentro del pacto fiscal. Fue a reclamar directamente a la Corte la liquidación. Lo que después hizo, fracasado el tema del pacto fiscal, el gobierno de la provincia”, señaló.

Perotti destacó “la actitud de defensa de los intereses de la provincia. Cada gobernador ha tenido las mejores intenciones para hacerlo, por lo cual quiero resguardar cada una de esas instancias, y por eso, nosotros, también defendemos plenamente, el haber esperado el fallo de la Corte y el monto sobre el que trabajamos, la forma de pago, no es un acuerdo que hemos hecho bilateralmente, no es una transacción, sino que es una sentencia de la CSJN que establece el monto y cómo se actualiza. Lo que nos tocó instrumentar después de la actualización son la forma del pago y los plazos”.

DISTINTAS FUERZAS POLÍTICAS ACOMPAÑARON EL RECLAMO
También el gobernador hizo un repaso de cómo se inició el reclamo a la Nación, “cuyo primer paso lo dio el exgobernador Jorge Obeid, quien formalizó el pedido para que cese la detracción de aportes, desde ese momento se calcula el monto de la deuda. Luego, agotada la instancia administrativa, fue el exgobernador Binner el que llevó el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en ese momento las distintas fuerzas políticas acompañamos ese reclamo”.

Al respecto, Perotti hizo un “reconocimiento a una tarea de largo plazo, de varios gobernadores de distinto signo político”, y dijo que “poner eso en relieve me parece central porque lo que estamos comunicando a ustedes hoy es fruto de ese trabajo inicial, de esa coordinación, y de esa firmeza en los intereses en la defensa de los intereses de la provincia”.

SENTENCIA DE LA CORTE
Por su parte, el ministro de Economía, Walter Agosto, explicó que “el monto de la deuda deriva de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de diciembre de 2021, que estableció que el mecanismo de ajuste que se debía aplicar tenía que estar dado por la tasa de interés pasiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA). A partir de ese momento, la acreencia de la provincia tiene un número firme. Esa actualización arrojaba, al 30 de noviembre del año pasado, un monto de 132.630 millones de pesos, correspondiente a la liquidación presentada por la provincia al gobierno nacional, a fines de 2021, inmediatamente después de esa sentencia. A partir de ahí, las partes dialogaron acerca de la modalidad de pago”.

“Debido a que transcurrieron algunos meses, la provincia solicitó a la Nación que la deuda establecida en noviembre se actualizara al 31 de mayo del presente año, con el mismo coeficiente de actualización, por lo cual, la deuda quedó en 160.959 millones de pesos. A este monto corresponde retraer recursos provenientes de un bono que la provincia aceptó, en el marco del consenso fiscal suscripto por ambas partes en 2017. Los recursos que percibió la provincia por ese bono fueron del orden de los 9.085 millones de pesos. El saldo de deuda surge del monto total, restando los servicios de ese bono que la provincia había recibido, ajustado con la misma tasa con la que se ajusta el monto total de la deuda, resulta en 151.873 millones de pesos”, detalló el funcionario.

INSTRUMENTOS
Luego, Agosto se refirió a los instrumentos que la provincia recibirá para el pago de la sentencia: “Incluye títulos públicos y letras del Tesoro Nacional, todos tienen cláusulas de ajuste por CER asegurando que el capital no se deprecie por efecto de la inflación”. Explicó también que los activos de plazo mayor al año pagan adicionalmente al CER una tasa de interés que según el plazo oscila entre el 1,45 y el 2,5% dependiendo del instrumento y plazo. Además, indicó que “todos los instrumentos son transferibles y cuentan con mercado”.

“En los primeros dos años la provincia va a cobrar 50 mil millones de pesos, en el 20% del tiempo va a cobrar 34% de la deuda y si agregamos dos años más en el 40% del tiempo va a cobrar 55% de la deuda, y si agregamos 6 años el 73% en el 60% del tiempo transcurrido. Se prioriza un flujo anticipado de fondos, que no solo va a recibir el gobierno provincial sino los municipios y comunas”, agregó el ministro.

MUNICIPIOS Y COMUNAS
Asimismo, Agosto indicó que en el caso de los municipios “el gobernador dispuso que los municipios y comunas perciban, en las mismas condiciones que la provincia, los títulos y el flujo de fondos. Concretamente, a municipios y comunas se van a coparticipar 21.600 millones de pesos, monto al que se va a detraer -a 91 municipios- lo que percibieron en coparticipación por el bono mencionado, lo que da un monto de 18.477 millones de pesos, que implicará el flujo de fondos para municipios y comunas”, explicó el ministro.

VENTAJAS
Finalmente, el titular de la cartera de Economía mencionó lo que considera algunas ventajas del acuerdo, como que “todos los instrumentos aseguran el mantenimiento en términos reales de su capital, y además devengan una tasa de interés”, también dijo que “todos los instrumentos son transferibles, aunque la lógica de la provincia no es vender los bonos, sino cobrar el flujo de los bonos”. Al respecto explicó que “la cotización de los bonos no es la preocupación de la provincia, porque no necesita salir a venderlos porque no tiene ninguna urgencia para hacerlo”.

“Es importante también destacar el destino de los fondos, que está vinculado con algunas afectaciones que se plantearon en leyes de Presupuesto de años anteriores y que se siguieron ratificando, inclusive en la ley de Presupuesto vigente este año, y es la idea de que todos estos recursos tienen que estar orientados a financiar gastos de capital, es decir, inversión real directa o equipamiento; o bien puede estar destinado a cancelar financiamiento que haya sido obtenido para ser gasto de capital”, finalizó Agosto.

PRESENTES
También estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; de Gestión Pública, Marcos Corach; y el fiscal de Estado, Rubén Weder, entre otras autoridades provinciales.