El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia estableció una recompensa de $ 1.500.000 a distribuir entre aquellos que aporten datos útiles, relevantes y decisivos al esclarecimiento de los ataques perpetrados el 19 y el 20 de junio contra tres inmuebles pertenecientes a personas vinculadas al juez Juan Carlos Vienna, en la ciudad de Rosario.

La investigación de la causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía Regional de la Circunscripción Judicial Nº 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), integrada por Natalia Benvenuto y Valeria Pedrana.

La información y los datos relativos a la causa deberán ser aportados en la sede del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de la ciudad de Rosario, ubicado en Corrientes 2114. Este organismo dará conocimiento a la dirección provincial del Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Idéntica suma se ofreció oportunamente para quienes aportaran datos útiles en relación a los ataques contra inmuebles del juez Ismael Manfrín. El ministro Silberstein ratificó que “la firme decisión del gobernador es seguir avanzando contra el narcotráfico y el crimen organizado y, por tal motivo, se trabaja en conjunto con el gobierno nacional y la justicia federal y provincial”.

La resolución firmada por el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos aclara que la identidad de quienes brinden información y de quienes resulten adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o el proceso judicial.

Además, se destaca que el pago de la suma fijada será abonado previo informe del representante del MPA y de la dirección provincial del Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos en relación al mérito de la misma.

El ofrecimiento de recompensa está previsto en la Ley provincial Nº 13.494. En este caso, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tras analizar los informes remitidos por las fiscales, valoró que se trata de un caso de gravedad social y estima conveniente y oportuno acceder a lo solicitado, ya que tanto Vienna como Manfrín estuvieron involucrados en la investigación y el juzgamiento de hechos vinculados al crimen organizado.