En el inicio del ciclo lectivo 2014, tras pasar la noche en una fiesta en un bar céntrico, alumnos de los últimos años de las escuelas secundarias, recorrieron la ciudad, arrojaron bombas de estruendo y provocaron algunos destrozos en las propias instituciones educativas.

En la misma madrugada, en dos hechos distintos, se produjo el incendio aparentemente intencional de dos vehículos. Si bien, en un primer momento, autoridades locales descartaron una posible relación entre los tres sucesos, una de las líneas de investigación intentó demostrar que existía una relación entre todos los hechos.

A nueve meses de los sucesos, Daniel Aloé -abogado y papá de una alumna de la promoción 2014- anunció el pase a archivo de la causa judicial que se le seguía a 160 jóvenes por los hechos registrados esa madrugada.

“Fueron desvinculados de los hechos más graves” contó y aclaró que los jóvenes ya pueden tramitar sin problemas los certificados de buena conducta en la Jefatura de Policía, algo en lo que habían encontrado trabas en los últimos meses.

Las declaraciones del letrado tuvieron lugar en el programa “Esa boca es mía” (Radio Firmat) donde además realizó fuertes críticas, entre otros, al accionar policial que -aseguró- no habría actuado conforme a las instrucciones emanadas, por ejemplo, desde el Juzgado de Menores.

“El juez me dijo que no tenía en claro qué había pasado con las citaciones porque, según me dijo,  él había ordenado que no los citen ni los fichen” aseveró.

También hizo un fuerte cuestionamiento a los dichos de algunos funcionarios locales y a la cobertura mediática que tuvo el tema, principalmente en la televisión.

“Se logró un impacto mediático muy fuerte a los fines de estigmatizar  a los chicos poniéndolos como provocadores de hechos vandálicos en una noche que era de festejos de inicio del último año de clases. En la televisión, al mismo tiempo que hablaba la subsecretaria de Seguridad, aparecían imágenes del auto quemado como si hubieran sido los chicos. Ahí quedó la noticia” se quejó y aclaró: “uno no avala que con la excusa de un festejo se moleste a la gente. Estoy en contra de eso pero, una cosa es eso y hay que investigarlo como falta y lo debe investigar la Municipalidad. Acá se los judicializó como un delito grave donde se los acusó de daños calificados e incendio, con la imputación de 160 jóvenes”.

Aloé explicó que las causa judicial contra los adolescentes comenzó tras las denuncias policiales que se registraron ese día. Algo sobre la intención de ligar todos los hechos.

Debido a que, al momento del hecho imputado,  algunos jóvenes eran mayores y otros menores, la a investigación se dividió en dos partes. La gran mayoría (unos 120 alumnos) fueron investigados por la Fiscalía con asiento en Melincué, a cargo del Dr. Matías Merlo y el resto (unos 40 alumnos) fueron juzgados por el Dr. Javier Prado, a cargo del Juzgado de Menores emplazado en la ciudad de Venado Tuerto.

“La imputación se basó en el listado de alumnos regulares de los colegios” dijo e insistió:” la base de de la imputación es el listado de alumnos regulares de los colegios. La Policía pidió las listas de 5º y 6º en el caso de la Escuela Técnica. No se debería haber hecho y es un hecho grave que me remitió a los años de la dictadura”.

“Se determinó que los chicos no tuvieron nada que ver en los hechos más tremendos tales como lesiones, daños calificados e incendios” indicó y acotó: “a medida que se investigó, la causa quedó subsumida a rotura de vidrios y pintadas por lo que se aplicó el criterio de oportunidad en obras en beneficio de las escuelas, algo que los chicos ya habían hecho de manera espontánea”.

“Lo que quedaba era de tan poca entidad que, si hubiesen sido, ya lo tendrían pago” aportó y expresó: “la causa se archivó sin que llegue a juicio y los jóvenes quedaron desvinculados”. “Estuvieron imputados no por el Juzgado y sí por la Policía” opinó.

Foto: Iván Crespo.