
Su misión sería investigar presuntos delitos de corrupción en la esfera del gobierno local. Se crea la figura de un fiscal anticorrupción que deberá controlar, por ejemplo, licitaciones y habilitaciones a negocios. Una Oficina de Transparencia y Anticorrupción Municipal dirigida por un director independiente, que detecte e investigue presuntos casos de irregularidades y corrupción en la esfera del gobierno local, sería el objetivo central de un proyecto de ordenanza que presentó el dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista, Gustavo Poeylaut, que fue ingresado en mesa de entradas el pasado 8 de noviembre para ser tratado en la próxima sesión.
“El proyecto tiene antecedentes a nivel nacional. Al día de la fecha hay oficinas anticorrupción en otros municipios del país”, aseguró Poeylaut.
En su letra, el proyecto es explícito: la oficina tendrá por finalidad promover, fortalecer y facilitar los mecanismos necesarios para “prevenir, detectar, y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas” en la esfera del gobierno local.
La oficina dependería del ámbito del Concejo. Promovería investigaciones de oficio o por denuncias que hicieran particulares o agentes públicos, en casos de abuso, desviación de poder y otras irregularidades. Efectuaría la investigación preliminar de los hechos de los funcionarios públicos o de los concesionarios de servicios o de obras públicas municipales. Tendría habilitado el acceso directo a expedientes y archivos municipales.
También, la oficina contaría entre sus atributos recomendar la suspensión preventiva en la función o en el cargo que ejerciere un funcionario cuestionado, y elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la función pública.
Oficina anticorrupción
La iniciativa propone la creación de una oficina anticorrupción, que será a propuesta de la segunda fuerza más votada en las elecciones ejecutivas pero trabajará en forma independiente y autónoma, sin depender de ninguna dependencia oficial. Quien ocupe el cargo será designado por el Concejo por el voto de los dos tercios de sus miembros, previo concurso público de oposición y antecedentes.
Transparencia
“Creemos que la oficina debe ser una política de Estado, ése es el espíritu del proyecto. Ésta se dedicará a evaluar previamente el riesgo de corrupción e investigar presuntos casos irregulares en la esfera municipal”, explicó Poeylaut y aseguro que servirá para, “para evitar futuros casos como los sucedidos en la ciudad, la transferencia de fondos de Firmat Gas para cubrir un descubierto de un concejal, la facturas relacionadas con un narcotraficante, licitaciones que están en la mira de la justicia penal para citar algunos casos”, además opina que, “la corrupción existe en todos lados y Firmat no está exceptuada de este mal que afecta a la gestión y a la ciudadanía”, finalizó.