A partir del fallo de la CSJN que frenó el aumento de las tarifas de gas para los usuarios residenciales un amplio abanico de consumidores entre los que se incluyen pequeñas y medianas empresas, empresas recuperadas, cooperativas de trabajo, instituciones culturales y entidades deportivas, han quedado expuestas al tarifazo y es por eso que la senadora nacional de la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, busca poner freno a la situación desde el Congreso de la Nación.

Sacnun es autora de un proyecto que, claramente, pretende poner freno a esos aumentos desmesurados y así favorecer a la producción (producciones regionales), la economía social, el deporte como herramienta de sociabilización y contención y las entidades que promueven la cultura.

La iniciativa de la senadora Sacnun contó con el apoyo de sus pares: María Ester Labado, Ana Claudia Almirón, María Inés Pilatti Vergara, Nancy González, María Riofrío, Omar Perotti, Julio Catalán Magni, Ruperto Godoy, e Inés Imelda Blas, todos consustanciados con la idea de la autora en el sentido de poner freno a los tarifazos que conmueven el eje productivo regional.

En el articulado se pide que se suspenda la aplicación de las Resoluciones 28 y 31 del 2016 del Ministerio de Energía de la Nación para los usuarios comprendidos en la categoría P con servicio completo, retrotrayendo las tarifas a los cuadros tarifarios vigentes al 31 de marzo de 2016, hasta tanto el Poder Ejecutivo no celebre las audiencias públicas correspondientes y fije una tarifa justa y equitativa. También dejar sin efecto el artículo 2 de la Resolución 152/2016 y respecto a los montos ya pagados bajo la nueva modalidad será aplicable el artículo 3 de la Resolución del Ministerio de Energía y Minería 152/16 de fecha 19 de agosto de 2016.

Los fundamentos

Entre los fundamentos esgrimidos por la senadora nacional que representa a la provincia de Santa Fe se cita que “la Corte Suprema resolvió parcialmente la cuestión en cuanto al universo contemplando la invalidez y por consiguiente inaplicabilidad del nuevo cuadro tarifario para los usuarios residenciales de gas natural únicamente, pero dejando abierta la vía procesal individual correspondiente para que el resto de las categorías sigan o promuevan las acciones del caso. En dicha línea, ya se han presentado acciones de amparo desde las Entidades Empresarias para ampliar el freno del tarifazo a comercios y pymes”.

“Esta situación además de parcial, genera mucha incertidumbre e inseguridad jurídica en los sectores económicos que ya se han visto perjudicados desde diciembre a esta parte con medidas de apertura de los mercados e importaciones, disminución de incentivos y beneficios, inflación en alza, devaluación, lo que ha impactado negativamente con retracción importante de la economía y en una fuerte caída de las ventas”, indica Sacnun.

También pone en justa dimensión que “las Pymes, los comercios, las cooperativas, las cooperativas recuperadas y los clubes de barrio, así como todos los usuarios comprendidos dentro de esta categoría son esenciales y constituyen el motor que nuestro país requiere para profundizar el desarrollo nacional, por lo que si no se limita la brutal suba tarifaria, se estarán poniendo en serio riesgo las fuentes laborales con un impacto negativo en mi provincia y en la Nación. En dicha línea he mantenido fructuosas reuniones con diversos sectores productivos, culturales y deportivos de mi provincia, quienes me han manifestado su honda preocupación”, repara la senadora.

Con la vigencia del tarifazo se perderán miles de empresas y puestos de trabajo. Sobre este particular, Sacnun ha recibido una profunda preocupación por la vigencia de esta medida en sectores sensibles, tales como las Pymes, las empresas recuperadas y las cooperativas.

“Considero -dice la senadora Sacnun- que esta medida contribuirá a la defensa de los puestos de trabajo y del mercado interno, el que se ha visto seriamente afectado como consecuencia de la devaluación, la pérdida del poder adquisitivo del salario y el aumento de la canasta básica de alimentos y de todos los artículos de primera necesidad”.

El límite del 500% con retroactividad del cobro de facturas y el régimen de prorrateo en cuatro meses dispuesto por la Resolución del Ministerio de Energía posterior al fallo de la Corte, sigue resultando desproporcionado, confiscatorio e inviable desde el punto de vista económico. Al no haber una segmentación adecuada hacia el interior del entramado productivo, serán los eslabones más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias.

“El sector Pyme representa el 90% de las unidades productivas y genera el 80% del empleo”, destaca.

Por otro lado, no menos importante es el segmento que representa en la economía global los comercio; sector que ha quedado muy expuesto en cuanto a asumir sus costos, tras estas medidas. A las bajas en las ventas minoristas, que rondan el treinta por ciento (30%) hay que sumar la incidencia de estas subas desproporcionadas de gas. El rubro de los restaurantes y bares también sufrió una brusca caída, lo que se ve reflejado en los abundantes cierres que hubo en este rubro, completa la detallada postal que expone la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun.

Fuente: Prensa Sacnun.