«La Agrupación  Intersindical de esta ciudad, conformada por el Sindicato de Industria de la Alimentación (S.T.I.A), Unión Obrera Metalúrgica (U.O.M.), Sindicato Empleado de Comercio (S.E.C.), Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat (SITRAMF), Asociación de Magisterio de Santa Fe (ANSAFE) Sindicato Argentino de Docentes Privado (SADOP) Sindicato Luz Y Fuerza, Asociación Trabajadores del Estado (ATE),ATE ANSES Junta Interna, Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); hace pública su preocupación por el aumento indiscriminado de tarifas que conspira , no solamente contra los trabajadores, a la postre  los mas vulnerables, sino también contra el desarrollo de las empresas, postulando desde ahora la anulación de las mismas y  de las que se dicten con posterioridad que renueven, mantengan y/o aumenten el cuadro tarifario , tanto para la energía eléctrica como del gas , originada por aquellas; como así también se abstenga de aplicar el aumento de la tarifa para el suministro de energía eléctrica derivado de las resoluciones.

En el mismo sentido proponemos que se practique nueva liquidación por el suministro de tales servicios ya facturados y eventualmente abonados por los períodos devengados en el año en curso utilizando el cuadro tarifario vigente al año 2015, computando los pagos en exceso ya efectuados a cuenta de facturas venideras.

No solamente el perjuicio es para nuestros afiliados, sino también que –en el caso de las empresas– al momento de analizar las inversiones tuvieron particularmente en cuenta los costos de tales servicios, por lo que la modificación tarifaria habida tornó excesivamente onerosa la unidad productiva a punto tal que altera el cuadro de inversión.

Obvia destacar que en la actualidad las condiciones han desmejorado, agravadas por el declive de la actividad en general, el incremento de los costos de energía eléctrica y del gas a partir de 2016, que podemos calificar de exorbitantes y con impacto gravitante en la actividad productiva que desarrollan, máxime que se trata de insumos básicos.

En este marco, resaltamos que la sustancial modificación de sendos elementos esenciales de la relación de consumo de los servicios públicos domiciliarios de gran impacto comunitario, las tarifas, no parecen haber sido debida y claramente detalladas ni por los proveedores ni por las autoridad de control al usuario.

No se demuestra una conducta cumplidora a  la empresa del mandato constitucional que le ordena proteger al consumidor, al menos informándolo y controlar el monopolio de suministro de aquellos servicios.

Para el caso, estimamos producentes las audiencias públicas que importan dispositivos que concretan la garantía constitucional de transparencia que impone el texto magno  al régimen tarifario».