Será en el marco del vigésimo juicio oral y público que se realizará en la provincia desde que rige el nuevo sistema procesal penal. Esta previsto que los alegatos de apertura se lleven a cabo el lunes 15 de junio en Venado Tuerto. Un cuarto hombre imputado en la investigación, ya fue condenado en un juicio abreviado que acordó su defensa con el fiscal del caso, Matías Merlo.
Tres hombres mayores de edad comenzarán a ser juzgados a partir del lunes 15 de junio por el delito de facilitamiento y explotación económica de la prostitución, agravado porque una de las víctimas era menor de edad. Los tres imputados, cuyas iniciales son G.L.; G.P.; y M.B. llegan al juicio oral y público a raíz de la investigación realizada por la Unidad Fiscal Melincué, a cargo del fiscal Matías Merlo.
El tribunal que juzgará a las tres personas estará compuestos por los jueces de Venado Tuerto, Jorge Jaúregui, Benjamín Révori y Silvina Marinucci. Está previsto que el juicio se extienda hasta el viernes 26 de junio, y se estima que en la primera semana de julio –antes de la feria judicial de invierno– se dará a conocer la sentencia.
Los imputados
G.L. y G.P. eran los propietarios del bar nocturno El Encuentro que funcionaba en la ciudad de Melincué y era el lugar en el que se cometía el delito. En tanto, M.B. era el propietario del inmueble. Las penas solicitadas por el fiscal Merlo son de 18 años y seis meses para G.L.; 17 años para G.P.; y tres años y ocho meses para M.B.
En la investigación había un cuarto imputado, identificado como Luis Biscarra, quien ya fue condenado en un juicio abreviado que acordaron su abogado defensor, Lionel Corti, con el fiscal Merlo. Biscarra había prestado colaboración en el bar El Nocturno hasta septiembre de 2013. La condena es a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de facilitamiento y explotación económica de la prostitución, en calidad de partícipe secundario.
Trabajo coordinado
La investigación de la Fiscalía se inició a partir de una denuncia realizada en febrero del año pasado por la Fundación Marita Verón ante la dirección de Tata de la Provincia. A partir de allí se inició un trabajo conjunto que derivó en un allanamiento llevado a cabo el 25 de mayo de 2014 en el inmueble en el que funcionaba el bar El Nocturno. En ésa oportunidad, había 15 mujeres de distinta nacionalidad –entre ellas, una menor de edad– y alrededor de 20 hombres que eran clientes del lugar. Ésa noche fueron detenidos G.L. y G.P., a quienes se les dictó prisión preventiva y hoy tienen arrestro domiciliario.
Del desarrollo de la investigación, también surgió la participación delictiva de Biscarra, quien había prestado colaboración en el bar desde el comienzo de las actividades –junto a G.L. y G.P.– hasta septiembre de 2013. En relación a M.B. –propietario del inmueble–, para la Fiscalía tuvo una participación secundaria en el hecho, ya que alquilaba el local a un precio mayor de mercado a raíz de la actividad ilegal que se realizaba en el lugar. Además, se habían realizado procedimientos policiales en el mismo lugar en 2012.
El juicio
Está previsto que declaren 70 testigos. Además, el fiscal Merlo pidió el decomiso del inmueble donde funcionaba el cabaret; el decomiso de otros inmuebles propiedad de G.L. donde eran alojadas las mujeres y que eran utilizado como privados privados; automotores que eran utilizados para transportar a las mujeres. También se secuestraron 140 mil pesos, y la Fiscalía solicitó que, en caso de proceder al decomiso del dinero, se destine a programas de asistencia para mujeres víctimas de delitos de facilitamiento y explotación económica de la prostitución.
Lavado de dinero
Merlo recordó que G.L. también está imputado por el delito de lavado de activos. «Durante 2013 y 2014, el dueño del cabaret adquirió bienes por alrededor de 2 millones de pesos, y los ponía a nombre de su ex concubina y de su madre. Se trata, entre otros bienes, de dos camiones marca Fiat Iveco y un acoplado. Además, construyó tres departamentos, los cuales eran utilizados como ‘privados’ por las mujeres que explotaba sexualmente”.
A pesar de que se trata de un delito que es jurisdicción federal, Merlo hizo las presentaciones corresondientes a raíz de que «hay que distinguir los casos de narcotráfico, o de organizaciones que crean empresas fantasmas o que realizan operaciones comerciales complejas en paraísos fiscales. En esos casos sí se afectan intereses económicos de la Nación”, sostuvo. En tal sentido añadió que “en el caso que estamos investigando, en el que el ilícito precedente es de competencia provincial, las operaciones para insertar los bienes al mercado se realizaron sólo en el ámbito de la localidad y la región, por lo tanto, es claro que no hay interés jurídico federal”.
La justicia falló a favor del pedido de Merlo, por lo cual G.L. también será juzgado –en otro juicio en fecha a confirmar– por delito de lavado de activos en el ámbito provincial.
Fuente: Oficina de Prensa y Difusión MPA