El diputado provincia de la UCR_FPCS Maximiliano Pullaro expresó su preocupación por la demora en las causas que se investiga el enriquecimiento ilícito del personal policial. En ese sentido el joven legislador dijo que “los procedimientos previstos en Ley 12.238 no funciona en la medida en que habían sido pensados, o bien los tribunales jurisdiccionales no han cumplido en tiempo y forma con su obligación de investigar y sancionar este tipo de conductas”. Además Pullaro indicó que “dicha situación tiene su impacto en el sistema de seguridad pública provincial y lesionan la confianza de la ciudadanía para con la Policía”. El legislador también apunto al mensaje que llega al interior de la propia fuerza, “Es importante cuidar a los buenos policías, y una manera correcta es avanzar en las investigaciones que terminen con la impunidad de los malos policias”.
En ese marco, y en la última sesión ordinaria de la cámara baja santafesina, el diputado provincial Maximiliano Pullaro ingreso un pedido de informes dirigida a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Control de Seguridad, a los efectos de conocer detalladamente el estado de situación de los diferentes informes sumarios y causas, y para poder evaluar si existen responsabilidades institucionales (por acción o por omisión). Además Pullaro, según lo expresa en el proyecto, plantea entre sus objetivos “evaluar si son necesarias modificaciones normativas que brinden mayor celeridad y eficacia a los procedimientos administrativos y jurisdiccionales”.
Entre sus apreciaciones el diputado indicó, “En la lucha contra las organizaciones criminales el desafío es batallar contra la impunidad, y estoy convencido que nadie se debe considerar intocable. Los esfuerzos del gobierno santafesino, e incluso de dirigentes y funcionarios públicos que enfrentan a bandas organizadas, no valdrá de nada si ciertos procedimientos no avanzan como corresponde.”
“Para revertir la violencia y la inseguridad es un presupuesto básico contar con una policía honesta, capacitada, equipada, y respetada socialmente, y por ello no podemos tolerar que estos procedimientos se sigan dilatando indefinidamente. Por lo tanto elevamos el presente pedido de informes a los efectos de conocer detalladamente el estado de situación, para poder evaluar si existen responsabilidades institucionales (por acción o por omisión), y/o si son necesarias modificaciones normativas que brinden mayor celeridad y eficacia a los procedimientos administrativos y jurisdiccionales”.
Tras la presentación del proyecto el diputado Pullaro explicó, “En Diciembre de 2003 se promulgaba la Ley 12.238, que tiene por objeto establecer un “Procedimiento Para la Investigación del Enriquecimiento ilícito del Personal Policial. En dicho texto legal, se regulaba no solamente el procedimiento administrativo en si mismo, sino la obligación de que las actuaciones pasaran a la justicia ordinaria en caso de que prima facie pudiera estar configurándose un delito”.
En ese sentido Pullaro indicó, “Creemos que en el actual contexto respecto de la seguridad pública de la Provincia, y la sistemática aparición de contactos entre integrantes de las fuerzas policiales y elementos de la criminalidad organizada, es evidente que, o bien dicho sistema no funcionó en la medida en que había sido pensado, o bien los tribunales jurisdiccionales no han cumplido en tiempo y forma con su obligación de investigar y sancionar este tipo de conductas”.
“Estamos convencidos de que, en cualquiera de las dos hipótesis esta situación debe ser corregida; debido a que la connivencia de las fuerzas de seguridad con el delito no solamente tienen un impacto directo en el sistema de seguridad pública provincial; sino que además lesionan seriamente la confianza de la ciudadanía para con la Policía”.
Finalmente Pullaro también se refirió a la necesidad de poner blanco sobre negro dentro de las fuerzas y de cuidar a los policías honestos, “Con el actual estado de situación, es el mensaje negativo que se está transmitiendo a la enorme cantidad de funcionarios policiales honestos, que día a día deben observar como las situaciones de impunidad se multiplican a su alrededor, y el costo social de esa impunidad lo pagan en igual medida quienes se juegan la vida en la calle honrando su uniforme, y quienes lo manchan sistemáticamente al utilizarlo como una herramienta para hacer mas eficaz e impune la economía criminal”.
Foto: Lisandro Carrobé.
