Con fecha 6 de octubre, el abogado que patrocina a un ciudadano de nacionalidad extranjera que -en julio de este año- pidió la habilitación de un supermercado, presentó un pedido de “pronto despacho” pidiendo una “urgente resolución” al tema.

En el escrito, el profesional insiste en el que nuevo comercio “se ajustará a la normativa vigente: ordenanza 918/1998”.

Además, expresa: “atento a que en las últimas horas han circulado distintas versiones sobre el presente pedido de habilitación, algunos referidos a la nacionalidad de mi representado, me permito transcribir el Art. 20 de la Constitución Nacional: Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República”.

Más adelante, el abogado aclara: “para el hipotético e improbable negativa a la solicitud presentada, aplicando alguna normativa de fecha posterior a la ordenanza vigente hago expresa reserva de derechos de solicitar la inconstitucionalidad de la misma como asimismo iniciar las acciones legales que legítimamente corresponden en defensa de los derechos de  mi representado”.

La postura del Ejecutivo

En la misma sesión ordinaria que ingresó el pedido del abogado, el Ejecutivo presentó un proyecto mediante el que solicita suspender -por 120 días- la habilitación de nuevos comercios denominados autoservicios o supermercados, que cuenten con más de 50 metros cuadrados.

En ese tiempo, diversos actores ligados al sector se encargarían de confeccionar un nuevo marco regulatorio.

Entre los considerandos, se plantea el resguardo de “los intereses de los firmatenses”.

“Comerciantes locales, ante la posibilidad de que la ciudad de Firmat pueda ser elegida como lugar de radicación de  emprendedores con domicilio fuera de la jurisdicción, solicitaron se estudie la posibilidad de modificar la normativa vigente y se elabore en forma conjunta con los sectores involucrados una norma definitiva que contemple de manera integral los intereses de los firmatenses” explicita uno de los pasajes del documento que más adelante indica: “especialmente, se ha requerido la contemplación de algunos requisitos tales como la residencia previa en Firmat por un lapso razonable, la celebración previa de audiencias informativas, la elaboración de un informe sobre el impacto que el nuevo emprendimiento ocasionaría sobre la economía local y el medio ambiente, la contratación de mano de obra local en algún porcentaje prudencial”.

La iniciativa pasó a comisión para ser analizada en forma más minuciosa y no fue bien vista por algunos concejales.