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Contra los bienes narcos

A través de un proyecto de ley que elevará a los legisladores nacionales, el diputado Maximiliano Pullaro impulsa la extinción de dominio de narcos.

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A través de un proyecto de ley que elevará a los legisladores nacionales, el diputado provincial Maximiliano Pullaro (que lleva meses denunciando a narcos del sur santafesino) impulsa la creación de la «Acción de extinción de dominio» para perseguir los activos de los narcotraficantes. De esta manera, el joven legislador va por lo que entiende el «corazón de las organizaciones narcocriminales: los inmuebles, vehículos, negocios y demás recursos que constituyen sus fortunas”.

Pullaro sostuvo que “los recursos económicos son un instrumento fundamental para la subsistencia de la bandas narcos” y aseguró que “los hombres son reemplazables, pero los recursos se han convierto en la herramienta que garantiza la continuidad de las bandas. Con lo que acumular pueden seguir comprando impunidad, pagando sicarios y consolidando el control del negocio ilegal, incluso cuando se encuentran prófugos”.

Pullaro se preguntó, ¿“qué pasa con los bienes provenientes (directa o indirectamente) de un hecho ilícito…?¿…cómo podemos hacer para que los mismos no estén exentos de la persecución Estatal, beneficiando de esta manera a quien cometió el hecho ilícito, o a sus cómplices o sucesores?»

En materia Criminal rige el artículo 23 del Código Penal, que regula los decomisos; pero este régimen que durante mucho tiempo fue adecuado (aunque mejorable), en la actualidad se demuestra como insuficiente para perseguir los resultados patrimoniales de los delitos complejos en general, y del narcotráfico en particular. Esto se debe a que el mismo no permite perseguir los bienes en caso de que la acción penal se extinga antes de la sentencia, y a que es absolutamente ineficiente para privar de sus recursos a las organizaciones criminales en caso de condena de uno de sus integrantes”.

Pullaro reflexionó «el fenómeno narco cambió decididamente las estructuras económicas y organizativas del delito, y es imposible perseguir estos nuevos fenómenos con herramientas pensadas para otras realidades...»; y continuó «...es un absurdo que (como ocurre en la actualidad), para desbaratar el soporte patrimonial de estas mafias el Estado deba acreditar en cada operación (inclusive siendo declarado culpable el imputado) la ruta del dinero, cuando las redes criminales cuentan con estructuras profesionales, destinadas pura y exclusivamente a esconder esas rutas, incluso desde antes de que ese delito se haya consumado...»

Asimismo, el joven legislador continuó analizando «la situación se agrava notablemente cuando observamos que esos bienes, intocables para la persecución estatal, son los que las organizaciones utilizan para continuar delinquiendo; garantizando de esta manera la continuidad del sistema económico, independientemente de los nombres que lo administren”.

 La extinción de dominio

Pullaro aseguro que «ante esta situación debemos producir algunas transformaciones«, y señaló “la Acción de Extinción de Dominio es una acción autónoma (que ya se implementa en otros países) que le permitiría al Estado perseguir en un juicio diferente del juicio penal los bienes de un individuo, en los casos en que éste haya sido condenado por narcotráfico; o que haya sido acusado por narcotráfico y la acción se haya extinguido por una causal que no sea la absolución”.

«La gran ventaja de esta herramienta, continuó Pullaro, es que, al sacar la discusión patrimonial de la esfera penal, le va a corresponder a las 2 partes (y no solo al Estado, como ocurre en la actulidad) aportar el material probatorio que tengan sobre el origen del patrimonio en cuestión. En ese sentido, una vez declarados culpables, los narcos tendrán que rendir cuentas acerca de como adquirieron todos y cada uno sus bienes. Esto sería una avance sin precedentes«.

Finalmente sostuvo, “nuestro proyecto, que vamos a poner a disposición de los legisladores nacionales, pretende regular el procedimiento de la acción que señalábamos” y concluyó, “de esta manera estará absolutamente garantizado el Derecho Constitucional a la Defensa, pero que paralelamente se posibilitará la desarticulación de los patrimonios constituidos sobre hechos ilícitos que hoy se encuentran impunes frente a la persecución Estatal, y que son la columna vertebral de la impunidad narco en nuestro País«.

Fuente: Prensa Maximiliano Pullaro.

Foto: Lisandro Carrobé.

 

 

 

 

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