Después de varios meses de silencio, Raúl Quevedo recorrió algunos medios para hablar del proceso que afronta en el Concejo. Aseguró que existe un acuerdo político entre Corriente Renovadora y el Frente Progresista para alejarlo del legislativo.

Mientras se aguarda que este sábado venza el nuevo plazo determinado por la comisión ad hoc que evalúa la suspensión del concejal Quevedo (Todos por Firmat), esta semana, el edil investigado rompió el silencio y visitó varios medios de comunicación para hablar sobre el proceso que afronta en el Concejo.

Además, aprovechó la ocasión para anunciar una presentación judicial que -en los últimos días- inició en contra de algunos funcionarios del Estado local por “asociación ilícita” y “defraudación al fisco”, entre otros cargos.

La causa abierta en los tribunales federales está ligada al polémico pago de facturas efectuadas por la anterior gestión municipal a Aldo Orozco entre 2009 2010.

“Miran la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio” resumió y aseveró que su eventual suspensión es una “decisión política” que obedece a “una sociedad política entre los concejales Stampone y el Frente Progresista”, quienes “se vienen peleando hace diez años” y “hoy sellaron un acuerdo”.

En las distintas entrevistas, Quevedo también recordó las declaraciones mediáticas que el ex intendente Carlos Torres hizo en agosto de 2011 cuando denunció que Emergencia Médica Regional SRL tenía una abultada deuda contra el Estado municipal por malas liquidaciones del Derecho de Registro e Inspección.

Puntualmente sobre la causa penal que cursa en su contra en los tribunales de Melincué, el edil dijo tenerlo “asumido” y que debe ser la justicia quien actúe.